El problema no es nuevo. Pero, se ha profundizado en los tiempos más recientes, cuando personas interesadas exclusivamente en alcanzar puestos de elección popular, han recurrido a todo tipo de estrategias para poner su nombre en una papeleta.
De alguna manera, esa tarea se facilitó a partir de una reforma legal que, bajo el argumento de favorecer la participación popular, redujo a casi nada los requisitos para inscribir partidos políticos.
Así, pasamos de siete u ocho agrupaciones inscritas para una elección presidencial, a 14 o 15, y más tarde, a 24 que pudieron ser 27 en las elecciones de 2022.
En suma, los partidos políticos dejaron de ser centros de estudio de los problemas nacionales y, por ende, de planteamiento de propuestas para el país. Hoy, representan solo una degeneración de esos principios, traducidos en simples instrumentos para lograr ser elegidos.
No es cuestión de quedarse entrampados en aquel viejo esquema que todo lo resumía a teorías ideológicas, a veces totalmente desajustadas, trasnochadas y alejadas de la realidad. Pero, debería haber, al menos, una suerte de coincidencias programáticas entre los militantes. Así, luego se abre un abanico de posibilidades mucho más amplias para conformar un equipo de gobierno, en caso de ganar las elecciones.
Eso, pese a su trascendencia, no parece ser tema para el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, ceñido en su propósito de luchar por la presidencia de la República en las elecciones de 2026.
Comenzó hablando de la formación de un nuevo partido político, pero guiñando el ojo al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Allí le dieron la bienvenida, mientras le recordaban que no podría optar por la candidatura dado que los estatutos exigen una permanencia ininterrumpida de cuatro años en la agrupación.
Ojo que nadie, ni Amador ni los dirigentes del PUSC pusieron sobre la mesa nunca la cuestión programática. Nadie habló de propuestas para el país. A eso no llegaron, y da la impresión de que no es un asunto que interese.
Es cierto que en el sistema político costarricense hay un principio de partidos políticos, y no se requiere nada más allá de ello para postularse a puestos de elección popular.
Pero, en un sentido práctico es claro que esas estructuras deben ofrecer mucho más. Recordemos que la legislación contempla que una parte del financiamiento estatal a los procesos electorales debe ser utilizado en tareas de organización y formación.
Eso obliga a que se discutan a lo interno los temas trascendentales del país, en un amplio ejercicio con las bases para llegar a una campaña con argumentos y propuestas de frente al electoral.
Entonces, no es aceptable partir de la premisa de que lo importantes es cumplir un requisito y disponer de una plataforma para ser electo. Ese es el error de Amador, en el que estaban a punto de caer también los dirigentes de la Unidad.
Todo, del mismo modo como cayeron hace tres años y fracción los dirigentes del Partido Progreso Social Democrático, que entregaron la agrupación a una serie de figuras incipientes en la política, y que ni siquiera tenían un plan para gobernar.
Más atrás, también el país vivió algo similar con varias de las figuras que se acercaron al Partido Acción Ciudadana y que terminaron por contribuir casi a desaparecerlo del escenario político costarricense.
Los dirigentes de los partidos políticos deben definir si se apuntan a cambiar esta situación o no. Si no lo hacen seguirán devaluando nuestro sistema electoral, y convocando cada cuatro años a los ciudadanos a una simple rutina para legitimar un proceso que cada vez le aporta menos al país.
