El ministro de Hacienda, Nogui Acosta está perdiendo el piso. Es algo que hemos venido señalando desde hace ya un buen rato, porque cada vez sus actitudes denotan más una clara desubicación respecto del rol que le corresponde al frente de esa cartera y como miembro del Poder Ejecutivo.
Desgraciadamente, no es algo aislado en la presente administración. Pero es inquietante tratándose de un Ministerio clave como es el de Hacienda.
Acosta no ha entendido una cosa muy puntual: que si bien él, como ministro, tiene una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, la Constitución Política establece claramente que es a la Asamblea Legislativa a la que le corresponde la última palabra en torno a los gastos de los tres Poderes de la República.
Y hay que ponerlo en esos términos, porque no es cuestión de limitarse a aprobar los presupuestos que envía Hacienda, como muchos pretenden creer, incluyendo al ministro. No es que los diputados deben aprobar lo que desde el Ministerio se pide. Es, más bien, que los legisladores tomen una posición con respecto al plan de gastos; la que crean oportuna.
Someter el presupuesto a la Asamblea Legislativa no es, entonces, un mero formalismo. Si lo fuera, se podría eliminar, de manera que Hacienda defina por cuenta propia qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer.
Pero, pese a esa realidad, el ministro Acosta ha adoptado la tesis de que es el único que debe decidir sobre esos gastos y a todo lo que plantee se le debe decir que sí.
Solo este año lo ha hecho ya tres veces. Renunció a un crédito de apoyo presupuestario porque no aceptó que los diputados le obligaran a destinar un 40 por ciento del monto total a amortizar la deuda que tiene el Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se sentó en la galleta, como se dice popularmente, al sostener que solo destinaría un 10 por ciento de ese dinero a la Caja y, finalmente, dijo que no lo tomaría porque no lo podía usar como él quería.
Es decir, o lo dejan hacer lo que le da la gana, o no hace nada. Esa ha sido la línea del señor Acosta. Y la refirmó en medio de la discusión de otro crédito, bajo un esquema muy extraño, para la atención de emergencias.
Para más, lo volvió a hacer apenas el viernes pasado, cuando presentó el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2025.
Con la mayor tranquilidad del mundo, le anticipó a los diputados que si no le parece el monto que finalmente le asignen al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), simplemente no girará los recursos.
Esa actitud, además de irrespetuosa, es irresponsable por parte del ministro Acosta. Y lo es porque pretende pasar por encima de la Constitución Política. Es cierto que los recursos no alcanzan. Es cierto que se deben definir prioridades. Pero, el ministro de Hacienda no puede pasar por encima de la voluntad de la Asamblea Legislativa.
También es cierto que los resultados macroeconómicos son importantes. Y el trabajo que ha venido haciendo este funcionario en esa línea, es bastante bueno. Pero su responsabilidad no se resume a eso. No es el único asunto del que debe ocuparse. Y lo tiene que hacer en el marco de lo que establece la normativa. No hay más.
Entonces, el secreto aquí es buscar acuerdos que permitan definir prioridades con un sentido lógico, no pensando o actuando como dueño absoluto de la verdad, ni imponiendo sus tesis a un órgano de decisión como la Asamblea Legislativa, sino como responsable de un Ministerio que tiene un rol fundamental en el país.
Lástima que el señor Nogui Acosta haya preferido sumarse a la línea de arbitrariedad que marca a esta administración. Eso, no ayuda en nada.
