Una de las cosas en que más hemos insistido desde este espacio, es en que el Estado procure respuestas frente a situaciones puntuales que afectan a la sociedad costarricense. Después de todo, la institucionalidad debe tener un sentido. Porque ninguna institución es un fin en sí mismo.
Desgraciadamente, se ha vuelto una costumbre que desde cada institución se busquen culpables en lugar de soluciones. O bien, que se distribuyan responsabilidades en lugar de asumir el reto de actuar.
Y entre más instituciones se han ido creando, más nos hemos ido metiendo en esa dinámica que evade las soluciones y lleva a mantener en el aire muchos temas importantes para la población, sin que surjan acciones puntuales para resolverlos.
Uno de esos asuntos es de los habitantes de la calle, que aumentan en número conforme pasa el tiempo. Y no hay, a la fecha, una política pública para resolver el problema.
Estamos en una sociedad que ha normalizado el que haya gente viviendo en las calles, en condiciones realmente insalubres e inseguras. Eso, pese a que al final, no es un problema solo de quienes lo viven. Es también una situación que afecta a otros. Por ejemplo, cuando estas personas hacen sus necesidades fisiológicas en las calles y aceras, o cuando ingresan a los comercios establecidos para indisponer a los clientes.
Generan, entonces, problemas de diversa índole que requieren atención. Sin embargo, en el Instituto Mixto de Ayuda Social no hay respuestas. Sí, han hecho censos para determinar cuántos habitantes de la calle hay en el país. Pero eso no lleva a una solución; se queda en la estadística.
Ese paso fundamental, el que lleva a la acción, es que como país no estamos dando. Por eso, a la fecha el problema sigue creciendo, sin que nadie le ponga atención. Y en este caso, no solo en lo que toca al IMAS, sino también al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Esto último en tanto se sabe que el mayor porcentaje de los habitantes de la calle también tienen problemas de drogadicción.
Es urgente que se establezca una política pública en esta materia. Eso implicaría que se definan acciones concretas en procura de revertir la situación actual. Después de todo, este es también un asunto de humanidad.
Cualquiera podría decir que la responsabilidad es de cada una de esas personas que hoy viven en las calles. Eso, sin embargo, es una salida fácil; es una forma de evadir el problema o evadir la búsqueda de una solución permanente y duradera.
Por ello, tanto el IAFA como el IMAS deben asumir el reto y entrarle a este tema. Si se deja al garete, en unos años se habrá salido de control y ya no habrá vuelta atrás. A ese punto hay que evitar llegar a toda costa.
Si como país no avanzamos en esa línea, la realidad es que habría que cuestionarse la vigencia de esas instituciones ante la ausencia de esa integralidad que se les debe exigir en el abordaje de diferentes problemas sociales.
La indiferencia no es aceptable. Los cruces de señalamientos, tampoco. Todas las partes deben poner manos a la obra. El caos vigente debe terminar, y son las autoridades institucionales las que deben dar los primeros pasos.
