El presidente de la República, Rodrigo Chaves maneja una definición muy particular de lo que es la corrupción. Básicamente, resume todo a que, quien difiera de él, difiere porque es corrupto. En otras palabras, las diferencias de criterio no son parte en la vida democrática, sino solo la evidencia de acciones irregulares.
Es interesante como el mandatario va acomodando todos sus discursos en esa dirección, especialmente cuando las cosas no se alinean con lo que él quiere. Entonces, si alguien se anima a decir que tiene una opinión diferente, inmediatamente el señor Chaves lo liga con alguna trama irregular.
El episodio más reciente se dio cuando esta semana le pidió a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel que iniciara una investigación contra los funcionarios de la Dirección Jurídica de esa entidad.
Su único argumento es que ellos emitieron un informe en el que sostienen que la Caja no tiene potestad legal para entrar en la distribución mayorista de medicamentos, como pretende el Poder Ejecutivo. Y, al mismo tiempo, anticipa que se les debería iniciar un proceso tendiente a su destitución.
Pero, peor aún, Chaves insinúa que los funcionarios de la Dirección Jurídica están en medio de algún tipo de negociado con quién sabe quién, para impedir que la Caja les meta competencia a las farmacias privadas.
Esa persistente actitud del mandatario es muy peligrosa. Y lo es desde varias perspectivas. Por ejemplo, por un lado, se repite de manera sistemática la disposición de atacar a las personas en lugar de contrastar argumentos con ellas. El ejercicio se resume a desacreditar a la contraparte, bajo aquella premisa de que el fin justifica los medios.
Por otro lado, con esa práctica se deja a los funcionarios públicos en una posición comprometida. Después de todo, el mensaje ha sido el de no se puede discrepar, porque hacerlo deja el puesto de trabajo en el aire.
Entonces, en un escenario como ese siempre quedará la duda de si los pronunciamientos que se terminan emitiendo responden a criterios técnicos, o están acomodados al interés de conservar el trabajo. La auto censura es una práctica muy peligrosa y más aún cuando se involucran temas tan delicados para la población.
No esperamos que el presidente Chaves cambie su estrategia; porque al final de cuentas, eso es lo que es. Lo del mandatario da la impresión de ser una actuación muy bien elaborada y se ha esforzado tanto en ponerla en práctica que cada vez le sale más natural.
Lo que no está claro por ahora, es cuáles son los verdaderos fines detrás de esa actuación. Porque si realmente su interés fuera mejorar la calidad de vida de los costarricenses más humildes, estaría muy concentrado en gobernar, cosa que, a la fecha, no ha sido así.
En todo caso, veremos qué pasará con el pedido que ahora ha hecho a la presidenta ejecutiva de la Caja. Pero, lo que realmente valdría la pena es que la Junta Directiva de la institución evalúe cada uno de los aspectos que se mencionan en el informe de la Dirección Jurídica, a fin de tomar decisiones con un criterio objetivo, en lugar de desacreditar su contenido a partir de insinuaciones vagas en torno a posibles actos de corrupción.
Ahora, si el señor Chaves tiene información concreta sobre situaciones irregulares en el proceso que siguió la Dirección Jurídica en relación con este tema de la venta de medicamentos, entonces que la ponga sobre la mesa, para que todos, a la luz de ello, saquemos conclusiones.
