La empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V., desistió de su oferta para construir el nuevo hospital de Cartago. Es una decisión irresponsable, por más que los representantes de esa firma traten de justificar su posición señalando en todas direcciones.
Aducen que el contrato no admite ajustes de tarifas por diferencias en los costos. Si leyeron el cartel de licitación antes de presentar su oferta, lo cual era lo menos que debían hacer, debieron darse cuenta de ese detalle en aquel momento. Pero, por lo visto, no lo hicieron, y ahora quieren culpar a otros por su omisión.
Ciertamente, cuando se discutió la adjudicación en el seno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la representación patronal en ese foro advirtió dudas sobre el monto por el que la empresa de capital mexicano ofreció construir el hospital. Máxime que la licitación incluía el diseño y el equipamiento.
Entonces, los directivos citados señalaron que les parecía “ruinoso” el precio ofertado. Pero, en los documentos aportados por la empresa se aseguraba que era suficiente. Ahora, ha quedado claro que no era así.
La firma mexicana también aduce que se ha generado un clima de incertidumbre alrededor del proyecto de construcción del hospital de Cartago, debido a las diferencias entre la Caja y el Ministerio de Salud.
Si los responsables de la empresa se tomaron la molestia de seguir el proceso de contratación en el que se involucraron, claramente se hubiesen dado cuenta de que, desde el inicio de la actual administración había diferencias, no solo entre la Caja y el Ministerio de Salud, sino entre los diferentes sectores representados en la Junta Directiva de la entidad aseguradora.
Venir a argumentar tal cosa ahora como causal de salida, solo reafirma la forma irresponsable en que los representantes de la empresa asumieron el proyecto. Su argumento hubiese sido de recibo hace dos años, pero, bajo ninguna circunstancia, lo puede ser ahora.
Y recurren al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica y México para sostener su posición. Pero, hace apenas unas semanas defendían la adjudicación en un proceso que siguió la Contraloría General de la República ante una apelación presentada por otra empresa licitante.
Este tipo de situaciones plantean la necesidad de modificar la normativa aplicable a las licitaciones, de manera que las empresas que incurran en prácticas como la de marras sean sujetas de una sanción importante. Porque, al final de cuentas, solo se contribuye a retrasar aún más una obra urgente, cuando por fin se pudo llegar a un punto que, en teoría, era ya de no retorno.
Para más, es preocupante que la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel adelantara que no hay otros oferentes que puedan ser considerados dentro del mismo proceso. Lo es porque hizo la afirmación sin que se haya hecho un análisis legal de la situación. En otras palabras, simplemente está aceptando la posición de la empresa y, al mismo tiempo, pretende cerrar el tema y volver a la línea de salida. ¿Será que lo hace pensando en que podrá, con base en ello, darle forma a su idea cansina de cambiar la ubicación del hospital?
Finalmente, un apunte más: nuestros políticos suelen tomarse con poca seriedad los temas más trascendentales en este país. Y al hacerlo, no piensan en las implicaciones que su actitud pueda tener. La construcción del nuevo hospital de Cartago es un claro ejemplo de ello. Sería bueno saber si los representantes de esta irresponsable empresa constructora simplemente se guindaron de la dinámica y se dejaron llevar por la corriente. Después de todo, cuando alguien no se toma en serio, no debería sorprender que otros tampoco lo tomen en serio.
