Durante las primeras dos semanas que lleva la discusión y análisis del proyecto de presupuesto nacional para el 2025 en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el denominador común ha sido el de los ministros y otros jerarcas advirtiendo que los montos asignados no alcanzarán para atender las obligaciones establecidas.
Que era previsible que eso ocurriera, está claro. Lo que no lo era, es que ninguna de las partes involucradas en la discusión se haya tomado la molestia de entrarle al análisis a partir de la definición de objetivos y, a partir de ello, de prioridades institucionales.
Es la gran debilidad que tiene el país en la definición del gasto público. Desgraciadamente, nunca se ha entrado a revisar qué hacen nuestras instituciones, cómo lo hacen, bajo qué normativa lo hacen y con qué fin lo hacen. Y sin ese ejercicio, no es posible determinar si todo lo que se hace es necesario, o si se hace de la manera más eficiente posible.
Sin ello, tampoco se puede establecer una correcta priorización de gastos. Y el problema se agrava en el tanto los presupuestos institucionales se han definido a partir de una simple revisión del nivel de ejecución previa.
Entonces, quien más gasta, recibe más. Sin entrar en valoraciones sobre la calidad de ese gasto. Es lo más absurdo que se pueda plantear en una materia tan delicada como esta.
Dentro de ese marco, los jerarcas han llegado a la Asamblea Legislativa a dejar en evidencia que necesitan más dinero. Sin embargo, ninguno ha detallado cómo gasta, ni ha explicado si, entendiendo que hay una gran limitación de recursos, ha hecho algún ajuste para ganar eficiencia en el gasto.
Los diputados de la Comisión de Hacendarios, por su lado, se han montado en la misma dinámica. Hasta ahora, solo han cuestionado al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por no asignar más recursos a cada entidad. Ello, haciendo caso omiso al hecho de que el dinero no alcanza.
Y el ministro, por su lado, entra en contradicciones cuando advierte que las prioridades fueron definidas por cada jerarca. Lo mismo hace la ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández, cuando señala que su despacho participó de la definición de esas prioridades, conforme con el Plan Nacional de Desarrollo.
No hay tal. En realidad, todo se resumió a ver cómo se mantenía el plan de gastos dentro de un marco que permitiera que no se viera tan mal en relación con los términos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
De hecho, eso se hizo entendiendo que una cosa es el presupuesto de partida, y otra muy distinta, el gasto real que harán las entidades de Gobierno a lo largo del año. No por nada el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos dejó caer ante los diputados el anuncio de que su colega de Hacienda le prometió ampliar el presupuesto de esa dependencia en el primer extraordinario que se envíe a la Asamblea Legislativa después de enero.
Eso evidencia que se plasmó en el documento entregado al Congreso lo que sea, pensando en que igual se darán variantes a lo largo del período al que corresponde el plan de gastos.
Y eso también impide tener una idea clara de cuáles serán los criterios concretos bajo los cuáles se establecerá el gasto.
Lástima que se vea el proceso en la Asamblea Legislativa simplemente como un formalismo, sin darle la importancia que tiene la discusión del presupuesto nacional. Y en ese marco, no se está aprovechando el espacio para generar una verdadera evaluación del plan de gastos.
