El referéndum es un mecanismo cuya principal virtud es la participación directa del pueblo. Pero, no debemos perder de vista que, en la aplicación práctica, también termina por tener limitaciones importantes.
Por ello, es un recurso que se debería utilizar solamente en casos muy calificados. Buscar la aprobación de leyes ordinarias a través de la vía del referéndum, reduce a cero la discusión sobre esas leyes.
Recordemos que en un referéndum se consulta al electorado si está de acuerdo o no con la ley que se propone. En ese tanto, no hay ninguna posibilidad de plantear modificaciones al texto en cuestión.
Entonces, si bien el referéndum garantiza la participación directa del electorado en la toma de decisiones a nivel de legislación, se limita esa participación a un sí o un no. Y al mismo tiempo, se le da a quien propone la nueva legislación, un control total sobre los términos de esta.
Llevemos la consideración a un ejemplo real y concreto. El presidente de la República, Rodrigo Chaves presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto que denominó Ley Jaguar, con el que busca una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Y, acompañó esa presentación con un proyecto de decreto dirigido a conseguir el apoyo del Congreso para que la iniciativa sea sometida a referéndum.
Aquí el tema es que, el proyecto se toma o se deja. La ciencia del trámite legislativo, que es la discusión de cada propuesta de ley con la intención de mejorarlo, no cabe.
Por ello, pareciera más bien que se desperdicia la oportunidad discutir a fondo las reformas que pretende el Poder Ejecutivo.
Es una lástima, porque ciertamente, como cualquier otro tema, el país debería evaluar la posibilidad de hacer ajustes a la Contraloría. Y eso se debería acompañar de otras reformas en materia de licitaciones públicas y de expropiaciones, por citar solo dos ejemplos. Todo, con el objetivo de agilizar los procesos de contratación administrativa, que es una necesidad para el país.
Y, al mismo tiempo, no se debe perder de vista que, en la gran mayoría de los casos, los atrasos en los procesos de contratación pública no son responsabilidad de la Contraloría, si bien ese ente es el que señala alguna irregularidad.
Más bien, es resultado de la ligereza con la que algunos funcionarios públicos se toman la tarea de preparar esos trámites, pues suele ser que las observaciones del ente fiscalizador se refieran a irregularidades en el proceso.
Este es el otro tema importante aquí. Y de ello, por ahora, no se está sometiendo nada a revisión. Entonces, la conclusión es que la propuesta del Ejecutivo es incompleta.
Quizá una forma de resolver el tema, si es que presidente Chaves realmente quiere solucionar un mal y no solo desmantelar a la Contraloría, sería la presentación ante la Asamblea Legislativa de un paquete de reformas complementarias con alcance sobre los ámbitos que hemos citado.
Así, les correspondería a los diputados cerrar el círculo, en caso de que el referéndum se lleve a cabo y los electores le den curso a las reformas planteadas por el Ejecutivo.
