Cuando se habla de obra pública, ciertamente hay que entender que esta debe impactar la calidad de vida de los costarricenses. Entonces, es imperativo asumir los procesos con un gran sentido de responsabilidad.
Sin embargo, por alguna extraña razón, esa no es la tónica en nuestro país. Una carretera de 26 kilómetros, como es la Circunvalación, ha requerido ya de 46 años en proceso, y no está concluida. Otra como la nueva carretera a San Carlos, ha estado en proyecto por 50 años. Y podemos citar innumerables ejemplos más de la ineficiencia con la que se aborda el desarrollo de obra pública en Costa Rica.
Eso, sin olvidar que varios proyectos de gran envergadura fueron puestos en marcha sin completar siquiera los diseños, cuando no sin tener claras las fuentes de financiamiento. Y eso llevó a que hoy sean obras empantanadas, sobre cuya finalización existen serias dudas.
La Cámara Costarricense de la Construcción presentó un estudio que ofrece luz sobre algunos componentes de esta desastrosa situación, que hace que las obras se encarezcan y que la población tenga que sufrir por años las consecuencias de no contar con ellas.
Se trata de la “Matriz del estado de la preingeniería 2024”, que permitió entender que hoy en día, se deben completar 14 fases de preingeniería hasta llegar a dar la orden de inicio de cualquier obra pública. Y si todo eso sale bien, está requiriendo 15 años.
Eso es una barbaridad. Incluso los 6 años y medio que, en teoría debería durar la etapa de preingeniería, es demasiado. Cuando se plantea un proyecto para un momento específico, se proyecta para la necesidad de ese momento. Si se ejecuta 15 años después, es claro que ya no será una respuesta adecuada, porque la realidad habrá cambiado.
Un ejemplo de esto es la Ruta 27, que cuando entró operación, ya estaba rebasada por la cantidad de vehículos que circulan a diario por allí. Claro: se utilizaron diseños viejos que no fueron actualizados. Y algo similar ocurre con la carretera a San Carlos, que nadie sabe si, en el momento en que se termine de construir, estará a la altura de lo que requiere la población.
La situación exige al menos dos cosas. Por un lado, un paquete de reformas legales para poner plazos más cortos a las diferentes etapas de preingeniería. Por otro lado, una revisión completa de los procedimientos institucionales, en procura de lograr mayor eficiencia.
A eso hay que sumar que es hora de romper ese círculo vicioso en la política costarricense, de descartar proyectos solo porque fueron diseñados e impulsados por otras administraciones. No podemos seguir desperdiciando los escasos dineros públicos así.
De hecho, el estudio en mención señala dos ejemplos muy claros de esa práctica irresponsable: el Tren Rápido de Pasajeros y la ampliación de la Interamericana Norte en el tramo Barranca – Limonal.
Simplemente, no entraron dentro de las prioridades de la actual administración, y hoy están en completo abandono. Eso incrementa los costos. Y sacrifica a las poblaciones que se podrían ver beneficiadas con estos proyectos.
Sin embargo, la administración no midió esas consecuencias. Allí se ve como se ha perdido el sentido país, para anteponer en la discusión la conveniencia o los gustos particulares.
Definitivamente, esa es una ruta inapropiada, que nunca contribuirá a hacer avanzar a un país que, en los últimos 30 años, se ha especializado en acumular proyectos de obra pública ante la incapacidad de ponerlos en marcha.
