La situación vivida el jueves por la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, cuando fue abordada con violencia por un grupo de estudiantes universitarios, es un reflejo más de los ya altos niveles de intolerancia que se registran en el país.
El problema ya viene desde hace algunos años cuando en medio de la campaña política para las elecciones de 2018, todas las discusiones se plantearon en términos del bien y el mal. Y se ha agudizado de manera significativa en la actual administración, en mucho porque el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tiene por práctica la descalificación de aquellas contra partes que difieren de él.
Lo tiene ante la falta de disposición al diálogo, y lo ha enmarcado en una línea que le lleva a decir, una y otra vez, que todos aquellos que están en desacuerdo con él, en realidad son corruptos y toman parte en una gran trama para aprovecharse del resto de la población y apropiarse los bienes del país.
El mandatario ha incitado a la violencia de forma sistemática, en lugar de contribuir a frenarla. Y en ese contexto, quienes ya de por sí eran violentos, de seguro se siente identificados, cada uno bajo su propia agenda, para actuar con lo que incorrectamente Chaves califica una y otra vez como valentía.
Nada justifica la actuación de aquellos estudiantes universitarios que se comportan como delincuentes. Si van a defender el financiamiento estatal al sector, lo deben hacer de la forma correcta. No es a punta de agresiones, maltratos, gritos e insultos que se encaran las diferencias.
Y tampoco se debe aprovechar un voto de censura por parte de la Asamblea Legislativa, para lo cual los constituyentes no determinaron ninguna sanción adicional, para atacar a las personas; en este caso, a la ministra.
Igual que muchos, pensamos que Müller está lejos de cumplir a cabalidad con las responsabilidades que acarrea su cargo. Por ejemplo, nadie sabe en realidad cuál es la ruta que dice haber diseñado para la educación costarricense. Y todavía resuenan aquellas manifestaciones suyas en el sentido de que lo tiene todo en su cabeza.
Tampoco ha defendido la correcta asignación de recursos al sector, conforme con lo que establece la Constitución Política. Y no se denota una recuperación importante en la calidad de la enseñanza.
Si bien en materia de infraestructura ha habido algún nivel de inversión, la realidad es que la situación actual exige más. Y allí se ha quedado corta.
Para más, se ha sacado de la manga una interpretación legal antojadiza para no atender una citación de la Defensoría de los Habitantes, aduciendo que, debido su condición de integrante del Poder Ejecutivo, esa acción no tiene cabida.
Pero, estos son temas para discutir y buscar soluciones. No pueden usarse, de ninguna manera, como un pretexto para las agresiones de cualquier tipo.
Por cierto, cuando la ministra se queja de que los rectores de las universidades públicas no pueden controlar a los estudiantes, hay que entender que el tema va mucho más allá. El mal, como hemos apuntado, está presente en nuestra sociedad, como un todo.
Pensar que la solución les corresponde exclusivamente a los rectores, denota una falta de comprensión de lo que ocurre. La misma falta de comprensión que reflejan los rectores cuando emiten un comunicado de prensa después de la reunión con los jerarcas del Poder Ejecutivo para tratar el tema del presupuesto, y no hacen ninguna referencia a los hechos tan graves que ocurrieron en las propias instalaciones del Consejo Nacional de Rectores.
Todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de cambiar la situación. Y no es ni viéndola de manera parcializada ni volteando la mirada en otra dirección que lo vamos a lograr.
