Cuando el presidente de la República, Rodrigo Chaves anuncio el sábado pasado la destitución de quien hasta ese momento fungía como ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, y quien era el comisionado de inclusión social, Ricardo Sosa, Casa Presidencial dejó muy claro que “la decisión de destituirlos responde a la responsabilidad política y disciplina a que están sujetos los jerarcas de esta administración”.
Esa precisión es muy interesante, toda vez que pretende dejar en evidencia que los jerarcas deben hacerse cargo de sus decisiones. En principio, es algo que suena muy bien. Todos pensaríamos que así debe ser.
Pero, al analizar la situación puntual, surgen serias dudas de que esa sea realmente la cuestión aquí. El problema surgió por la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo, que se llevó a cabo el domingo pasado. Y Casa Presidencial se apresuró a señalar que “el presidente no tuvo conocimiento de esa declaratoria”.
En otras palabras, si algún jerarca decide algo con lo que el mandatario no está de acuerdo, y no le consultó previamente, la decisión será revertida, como ocurrió en este caso. Implica, entonces, que todo paso debe ser consultado con Chaves antes de tomar alguna decisión.
Puede haber varias interpretaciones ante este planteamiento. Pero, cualquiera de ellas evidencia que el mandatario no confía en su equipo de trabajo. Y aquí vale la pena recordar que ese equipo se armó, en mucho, gracias a la presentación de currículos por parte de los interesados en tomar un puesto en el Poder Ejecutivo. Hay que entender, entonces, que una buena parte de quienes terminaron siendo jerarcas no conocían a Chaves, ni este los conocía ellos previamente.
A pesar de ello, el mandatario tuvo la osadía de autorizar a ciertos funcionarios de Casa Presidencial para que firmaran documentos en su nombre. Ocurrió en este mismo caso, cuando quien fuera viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, firmó en su lugar.
Vale decir que, en ese escenario, la idea de hacer designaciones abiertas, estilo concurso, no fue la mejor. Y quizá por ello, más allá de que es claro que al presidente le falta liderazgo positivo, se han dado tantas bajas, ya sea por renuncia o por despido, en el equipo de gobierno.
Pero, por otro lado, no podemos pasar por alto que desde hace varias semanas la diputada oficialista Ada Acuña venía pidiendo la destitución de Guadamuz, sin que a la fecha en Casa Presidencial se le prestara atención alguna.
El principal argumento de Acuña era lo que ella calificó como ineptitud de la funcionaria, pues el Ministerio de Cultura dejó sin ejecutar cerca de 7.000 millones de colones el año anterior, a pesar de tener un presupuesto limitado. Y acusaba que “El Ministerio presenta carencias en el liderazgo y capacidad de gestión. El Ministerio de Cultura es complejo y requiere una gestión impecable”.
Nada de eso valió, sin embargo, para evaluar la labor de la ministra. Pero, pudo más una declaratoria de interés cultural.
Ciertamente, en un sentido práctico no hay mayor trascendencia en que la marcha fuese declarada de interés cultural o no. No hacía diferencia en que esta se llevara a cabo o no, y ya es una actividad que cumple 15 años. De esos, los dos previos fueron en esta misma administración y no hubo problema alguno.
Todo ello hace más interesante la decisión. Porque claramente, hay un cambio de criterio por parte del mandatario respecto de la actividad en cuestión, y no queda claro si también respecto del sector de la población que organiza e impulsa la marcha.
Es doblemente interesante entendiendo que Chaves designó un Comisionado de Inclusión. Sobre todo, porque a todas luces era evidente que, al hablar de inclusión, el mandatario solo pensaba en la comunidad LGTB, cuando en realidad el concepto es mucho más amplio, tanto en términos sociales como económicos.
Esa es la otra gran deuda del gobierno, pero es un tema que requiere su propio análisis, por lo que lo dejaremos para otra oportunidad.
