El ministro de Hacienda, Nogui Acosta se ha esmerado en conseguir resultados impresionantes a nivel macroeconómico. Pero, ha perdido la perspectiva respecto de todos los otros temas importantes a los que debe poner atención un Gobierno.
Por un lado, ha asumido una posición intransigente en torno al gasto social. Su obsesión con las cifras macro le han imposibilitado entender que los números no son todo, porque más bien todo comienza con las personas.
Si un Gobierno no tiene a las personas en el centro de todas sus políticas, ningún resultado será bueno. Y en ese terreno, es claro que la actual administración ha fallado.
Además, el ministro Acosta ha sido obsesivo en el tema de la ejecución presupuestaria. Lo ha sido al punto de que es su único parámetro para girar recursos a las diferentes entidades. Para él, la cuestión no es qué tiene que hacer una institución, sino qué ha hecho. Esa es su única referencia a la hora de hablar de presupuestos.
Entonces, no hay interés por la eficiencia en la gestión pública. Más bien, da la sensación de que se frota las manos cada vez que una institución no alcanza a ejecutar casi nada de su presupuesto. Allí encuentra el argumento ideal parar girarle menos a futuro.
A eso se suma un pulso en el que ha entrado con la Asamblea Legislativa. De entrada, no es extraño, porque así lo han hecho casi todos los jerarcas de la presente administración.
Pero, más allá de eso, la realidad es que Acosta no reconoce las atribuciones que tienen los diputados en materia presupuestaria. La idea fija que persigue es que el ministro de Hacienda es el único todo poderoso que puede definir cómo se utilizan los recursos públicos.
Así, ha llegado al extremo de amenazar con renunciar a un crédito internacional si los diputados lo obligan a destinar el 20 por ciento de los recursos para pagar parte de la deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Y, para más, ahora está sentado en la idea de que para darle contenido económico al aumento salarial que el Poder Ejecutivo gestó para los diferentes cuerpos policiales del país, se deben tomar dineros originalmente separados por los diputados para la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO).
Allí se reafirma que el ministro Acosta quiere ser el único que decida sobre el presupuesto nacional, en contraposición con lo que establece la Constitución Política. Y no busca acuerdos. No. Para nada. Exige que los legisladores hagan lo que él dice.
Más allá del hecho de que esa ha sido una dinámica de la actual administración, es curioso en el caso particular del titular de Hacienda. Porque, casi toda su carrera en el sector público la ha hecho en la Asamblea Legislativa, donde fue asesor de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), incluso llegando a ser el jefe del equipo.
Pero parece que se le olvidó cuál es el rol del Congreso y cuáles son los alcances de la función legislativa.
Estas actitudes son nefastas para el país. Por ello es importante un ajuste por parte del ministro. Las imposiciones no son saludables. Más bien, se tornan peligrosas cuando, como en este caso, ni se tiene razón ni si tiene la última palabra.
Necesitamos controlar la deuda para que no se salga de su cauce. Pero, reiteramos: esa no es la única tarea de un ministro de Hacienda. No debemos gastar lo que no tenemos. Y sí, se deben establecer prioridades. Pero, dejarle esa tarea a una sola persona es claramente peligroso, sobre todo cuando esa persona tiene toda su atención en una sola cara de la moneda, como todo parece indicar que esta ocurriendo en este caso.
