La Defensoría de los Habitantes lanzó una alerta en torno al hecho de que, según sus estimaciones, al menos cinco ministerios recibirán en 2025 un presupuesto menor al que se les asignó en el 2019.
Y sostiene que eso es consecuencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que introdujo una norma que impide otorgar a cada institución un presupuesto mayor al que logró ejecutar efectivamente en el año previo a la elaboración del plan de gastos del Gobierno.
En teoría, la Defensoría tiene razón al atribuir a esa ley la situación que viven en materia presupuestaria varias instituciones públicas. Pero, si queremos ser amplios en el análisis, no podemos quedarnos con eso.
La realidad es que el tema va mucho más allá de la legislación que se cita. Porque, ojo: en esa misma ley se establece que la referencia es, como ya se ha mencionado, la ejecución presupuestaria del año previo.
Eso obliga a poner sobre la mesa de discusión un punto fundamental: la ineficiencia de las instituciones públicas. En algún momento, en este país las instituciones desarrollaban proyectos muy buenos de manera oportuna y bajo términos muy favorables en el plano económico.
Hoy, sin embargo, la historia es diferente. No hay capacidad para hacer casi nada. Y de lo poco que se hace, casi todo termina por presentar algún tipo de problema.
Este es el asunto del que deberían ocuparse la Defensoría y todas las entidades del sector público. Porque, cada vez el hoyo se hace más profundo y se visualizan menos posibilidades de corregir el rumbo y tomar la ruta inversa.
Es urgente analizar este problema, para comenzar a esbozar soluciones. No es posible que, conforme con las estimaciones de la Defensoría, el Ministerio de Salud vaya a recibir un presupuesto equivalente al 27 por ciento de lo que tenía en el 2019. Si eso no es resultado de una ineficiencia absoluta, entonces que alguien le explique al país qué es lo que está pasando.
Y es cierto que desde que se le pasaron muchas funciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el Ministerio de Salud quedó con obligaciones limitadas. Pero, esa no puede ser una justificación para que no haga nada de lo que tiene que hacer.
Lo mismo hay que decir del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que tendría un presupuesto equivalente al 39 por ciento de lo que obtuvo en el 2019. Es cierto que muchas tareas ahora las lleva el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Sin embargo, no es aceptable que el nivel de ejecución de ese Ministerio sea tan bajo.
Aquí podríamos seguir señalando instituciones puntuales. El caso del Ministerio de Educación Pública es llamativo. Recibiría un 5 por ciento menos que en 2019. Y eso habla muy mal del trabajo que se está haciendo, porque ya de por sí, en esa dependencia, casi todos los recursos van a gastos fijos, comenzando por la extensa planilla que tiene, por razones obvias.
Entonces, si le queda poco espacio para ejecutar obras y proyectos, no se puede perdonar que falle en eso tan pequeño que le toca hacer.
De nuevo: es hora de evaluar en cada institución, qué se hace, cómo se hace, para qué se hace, por qué se hace y bajo qué normativa se hace. A partir de allí, surgirán elementos de referencia para tomar decisiones y revertir la situación.
Solo una vez que se haga ese ejercicio y se adopten los correctivos pertinentes, se podrá establecer si alguno de estos ministerios puede con un presupuesto mayor.
