La Asamblea Legislativa dio esta semana un paso importante en la lucha contra la impunidad, al aprobar una reforma a la Ley de Opciones y Naturalizaciones, que permitirá que se le retire la nacionalidad costarricense a quienes, habiéndose naturalizado, incurran en actos delictivos.
También comprende aquellos casos de personas que hayan entregado información falsa sobre su estatus en su país de origen para inducir a error a las autoridades costarricenses durante el trámite de su naturalización.
Es una medida que urgía. Porque hemos sido testigos de decenas de casos en los cuáles, personas de muy dudosa reputación, e incluso con serios antecedentes criminales, se refugian en nuestro país, atenidos a la prohibición constitucional que impide que se extradite a nacionales.
Claramente, estábamos frente a escenarios de fraude. Pero, la legislación tenía un enorme vacío que impedía sancionar esas conductas.
Es un primer paso. Porque queda pendiente otro proyecto, en este caso de reforma constitucional, para permitir que se pueda extraditar a nacionales que fuesen requeridos por otros países por delitos que también están contemplados en la legislación nacional.
El proceso por parte de la Asamblea Legislativa respecto de esta nueva ley fue lento. Es cierto. Pero, de entrada, se parte con la garantía de que la Sala Constitucional no encontró vicios de constitucionalidad en el texto.
Además, la Procuraduría General de la República tampoco señaló dudas en torno a la legislación, que ahora solo queda a la espera de la firma presidencial y la publicación en el diario oficial La Gaceta.
Ahora bien, los diputados deben complementar este paso con una definición en torno a otras iniciativas en materia de seguridad que se encuentran en la corriente legislativa.
Uno de ellos, es de particular importancia, más allá de la diferencia de criterio que mantienen sobre él la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia. Se trata de una reforma a la Ley General de Adaptación Social.
Allí se requiere clarificar los roles tanto de los jueces como de Adaptación Social respecto del cumplimiento de las condenas de cárcel. Es dable pensar que quien debe tener la última palabra debe ser el Poder Judicial, pues de acuerdo con la Constitución Política, es a quien corresponde fijar las penas para los que cometan delitos.
Hay dos proyectos sobre esta materia. Los diputados dispusieron revisar ambos para tratar de encontrar puntos de coincidencia a fin de avanzar en definiciones, pero ha pasado ya mucho tiempo en ese proceso.
En estos temas, hay que manejarse con un criterio de urgencia. No implica dejar el estudio de lado. Pero, tampoco se trata de no resolver. Es imperativo que los diputados definan la situación, y le den curso a la nueva normativa.
Lo otro, finalmente, es que, en la aplicación de las leyes, quienes deban tomar decisiones, lo hagan con un criterio amplio, acorde con los principios que llevaron a los diputados a adoptarlas. Porque, desgraciadamente, muchas veces nos encontramos con jueces que recurren a criterios excesivamente restrictivos, que llevan a quitarle todo el sentido a las leyes.
