La intención del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de llevar a referéndum una iniciativa de ley que denominó “Ley Jaguar para el desarrollo del país”, obliga a generar un acercamiento al tema de los órganos de control en los sistemas democráticos desde una perspectiva objetiva.
Ello por cuanto el proyecto, más allá del nombre que le dio el mandatario, se centra casi por completo en un esfuerzo por limitar el marco de acción de la Contraloría General de la República.
Chaves ha sido reiterativo en ese afán de evadir los esquemas de control que existen en el país, y especialmente a la Contraloría. Pero, ahora, pretende conseguir la aprobación de una ley que normalice esa práctica.
Y la gente no debe dejarse llevar por el nombre, casi caricaturesco que le puso al proyecto, porque no es, en realidad, una iniciativa para el desarrollo del país, sino un instrumento para permitir a los gobernantes de turno echar a andar proyectos de diversa índole básicamente como les de la gana y sin ningún control.
El presidente Chaves no está de acuerdo con los procesos de licitación que se establecen en la Ley General de Contratación Administrativa. De hecho, le atribuye a este mecanismo los casos de corrupción que se han denunciado a través de los años en nuestro país.
Nadie puede negar que la corrupción ha permeado la institucionalidad costarricense, especialmente en los procesos de contratación administrativa. Los hechos son evidentes. Pero, en primer lugar, es indispensable entender que esa corrupción es generada por las personas, que también terminan siendo los actores dentro de esos esquemas.
Y, del mismo modo, hay que entender que el que impulsa Chaves no es un escenario inmune a los casos de corrupción. De nuevo: si hay personas involucradas, eventualmente habrá espacio para alguna irregularidad.
Chaves también argumenta que los procesos de licitación se llevan mucho tiempo. Pero, paradójicamente, y para citar un ejemplo puntual, desde el inicio de su administración hasta la fecha, han pasado 25 meses y no ha puesto en marcha ninguna licitación para construir el proyecto estrella de su gestión: Ciudad Gobierno.
Vale recordar que esa iniciativa la dejó lista la administración anterior. De manera que Chaves y su equipo ni siquiera debieron invertir tiempo en reformular o en completar el plan. Por ello, bien pudieron comenzar desde allí con buen ritmo, si hubiese sentido de responsabilidad e interés.
Es clave entender que el atraso no ha sido consecuencia de un proceso licitatorio. Es más bien, resultado de la inacción de un Poder Ejecutivo que se ha limitado a pelear con la Contraloría en lugar de avanzar.
Y sí, quizá se podrán plantear algunas reformas al esquema de licitaciones públicas para hacerlo más ágil. Pero, de eso no se ha planteado nada por parte del mandatario y su equipo. Entonces, eso nos deja claro que el interés no es corregir, sino abrir portillos.
Por supuesto, en ese escenario, los controles sobran; estorban. Y para quienes piensan así, claramente no interesa ningún principio de control propio de los sistemas democráticos como el nuestro.
A razón de la intención de llevar este proyecto de ley a un referéndum, acompañando el proceso con un discurso que, por lo que ya se ha visto, será populista y lleno de imprecisiones -por no decir otra cosa- será fundamental encarar el tema con objetividad y con mucha rigurosidad.
Pero también será esencial que cada persona se tome la tarea de leer el proyecto de ley y no dejarse llevar solo por lo que escucha. Y menos aún que asuma, de manera preestablecida, que lo que dicen unos es lo cierto y lo que dicen otros es mentira.
Reiteramos: cada persona debe leer, analizar y formarse su propia opinión. En estos temas tan serios, es lo menos que se puede hacer.
