El traslado que pretende hacer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de algo más de 3.000 kilómetros de rutas nacionales a las municipalidades, es resultado de la irracionalidad con la que se asumen muchos temas en la actual administración.
Y es irracional, porque la decisión se fundamenta en que el MOPT no tiene suficientes recursos para darle mantenimiento a esas carreteras, según sostienen sus jerarcas.
No es razonable trasladar a otros las responsabilidades propias bajo un argumento como ese. Porque, cuando hay un problema, se le debe buscar solución; no endosárselo a otro.
Si el MOPT no tiene recursos suficientes para atender las carreteras nacionales, es su tarea gestionar para conseguirlos. No puede hacer uso de alguna prerrogativa que un ministro de Estado cree tener para decirle a las municipalidades que deben hacerse cargo.
Pero ese no es el único problema aquí. Si se revisa la fundamentación del MOPT, queda claro que las rutas nacionales que busca dejar en manos de las municipalidades no están siendo atendidas por esa institución.
Estamos, entonces, frente a un incumplimiento de la legislación, con todas las implicaciones que esto tiene. Nadie sabe, con precisión, cómo esas esas carreteras hoy en día. Algunos alcaldes sostienen que están en malas condiciones pues fueron abandonadas desde hace mucho tiempo.
Y queda la sensación de que algo de cierto puede haber en eso, porque el viceministro de Infraestructura del MOPT, Efraím Zeledón, se dejó decir que “son rutas que si bien es cierto son importantes, no forman parte de la red vial estratégica”.
El argumento es vago y, por ende, se cae por su propio peso. Porque en ninguna ley se establece que el MOPT deba encargarse solo de las carreteras que forman parte de la red vial estratégica, salvo por la interpretación de quien elaboró el decreto bajo el cual se quiso echar a andar la medida.
Claramente todo parte de un abuso por parte del MOPT, que, para más, no está dispuesto a ceder fondos a fin de que las municipalidades atiendan esos más de 3.000 kilómetros de carreteras de los cuáles simplemente se va a desentender.
Los funcionarios de gobierno deben entender que están en las posiciones que tienen para buscar soluciones; para resolver; no para quitarse el tiro, como se dice popularmente.
El actual ministro, Mauricio Batalla sostiene que ha conversado con varios alcaldes y estos están dispuestos a recibir la responsabilidad que se les quiere transferir a las municipalidades. Pero, es claro que no todas las corporaciones tienen las mismas condiciones y, por ende, no todas puede asumir más de lo que hoy les compete.
Por ejemplo, una de las municipalidades que más kilómetros de carreteras recibiría es la de San Carlos. Sin embargo, ese cantón es uno de los tres más grandes del país y ya tiene una red vial muy extensa bajo su responsabilidad. Sus ingresos no están creciendo. Entonces, ¿Cómo pretende el ministro que una municipalidad como la de San Carlos pueda asumir las nuevas responsabilidades que pretende endosarle?
En todo caso, también, valdría la pena saber cómo piensan los alcaldes de aquellas municipalidades que dijeron sí, atender oportuna y correctamente las rutas que se desafectarían por parte del MOPT, cuando en muchos casos ni siquiera lo hacen con las vías que ya tienen bajo su alero.
Estos temas son muy delicados como para asumirlos con tanta ligereza. Lo ideal sería que en el MOPT se sienten a evaluar la situación con la rigurosidad que exige el problema, para encontrar soluciones realistas.
Cualquier otra ruta que se tome, es simplemente irresponsable.
