Aquella tesis de que “el fin justifica los medios” debe ser desterrada de la política costarricense. Especialmente, cuando quienes aparecen en escena lo hacen defendiendo el argumento de que quieren gestar un cambio.
Desgraciadamente, el presidente de la República, Rodrigo Chaves y su equipo de gobierno, un día sí y otro también, han dejado claro que no comparten ese criterio, pese a que sistemáticamente atacan y cuestionan a quienes estuvieron allí antes y sostienen que ellos son diferentes.
Y, en ese escenario, el domingo pasado definitivamente cruzaron una línea muy delgada, pero no por ello menos importante, cuando en una Cadena Nacional de Radio y Televisión, pusieron a una señora a mentir, en su afán de engañar a la población para defender su propuesta de referéndum.
Ya lo había hecho el martes pasado la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, cuando aseguró que el nuevo proyecto de Ley Jaguar que el Poder Ejecutivo elaboró en cuestión de horas no debe ser consultado ante la Sala Constitucional, porque no tiene vicios de constitucionalidad, en el tanto se contemplaron todos los señalamientos que hizo ese órgano jurisdiccional.
Y no dijo la verdad, porque no es a la ministra de la Presidencia o al presidente de la República a quien le corresponde decidir si el proyecto debe ser consultado ante la Sala o no. En este caso, al tratarse de una iniciativa que se pretende llevar a referéndum, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la potestad de hacer una consulta facultativa del proyecto. Eso, quienes lo deben decidir son los magistrados del Tribunal, y solo ellos.
Pero, al tratarse, también, de un proyecto que recorta las atribuciones de la Contraloría General de la República, esta entidad tiene la potestad de hacer una consulta facultativa de constitucionalidad.
Lo que no está claro, es si los diputados tienen la misma potestad, porque la Sala Constitucional aún no se pronuncia sobre este punto. Lo hará en tanto debe resolver si le da curso y si se pronuncia por el fondo, ante la consulta que ya presentó un grupo de legisladores en relación con el primer proyecto de Ley Jaguar.
Ojo: la ministra Fernández repitió la mentira en la misma Cadena Nacional de Radio y Televisión a que hacemos aquí referencia. Pero, para más, cuando incluyen manifestaciones de varias personas respaldando la convocatoria al referéndum, la última afirma categóricamente: “Mi hijo ya firmó. Yo firmé, y toda mi familia quiere firmar por Costa Rica”.
Eso, simplemente no es cierto. No lo es porque el Tribunal Supremo de Elecciones no ha autorizado aún ninguna recolección de firmas en relación con la solicitud de convocatoria a referéndum que tramita a partir de las gestiones de Edgar Espinoza y Alberto Cabezas.
De acuerdo con la Ley, el Tribunal debe cumplir ese trámite, y para ello, les entrega a los gestores de la consulta unas fórmulas especiales, firmadas y selladas por el Tribunal para ese efecto.
No es cuestión de comprar unas hojas en cualquier librería y comenzar a recoger firmas como si fuese una rifa callejera. Esto es algo serio. Tan serio como parecen no entenderlo en el Poder Ejecutivo, o como no lo quieren entender.
Este tipo de recursos no son válidos. Lo actuado por casa presidencial no es de recibo. Es una burla hacia esa misma población que tanto el presidente Chaves como la ministra Fernández aseguran una y otra vez que están empeñados en defender.
Si el país va a entrar en una campaña en torno a un referéndum, es imperativo poner sobre la mesa los argumentos pertinentes para defender la tesis que se quiere apoyar. Y esa es la actitud que debe prevalecer por parte de funcionarios de tan alto rango. Cualquier otra cosa es algo muy bajo.
