La Defensoría de los Habitantes volvió a poner sobre el tapete la tesis de que se debe replantear la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Según la Defensoría, la regla fiscal presenta una falta de concreción en relación con el objetivo que se pretende alcanzar, ya que, está más orientada a establecer una limitación del tamaño del Gobierno, que en lograr resultados específicos en finanzas públicas.
Y agrega que la regla fiscal tiene una limitante al no permitir intercambios o compensaciones internas entre aquellas entidades que no requieran superar el límite de gasto autorizado, así como aquellas que necesiten un mayor gasto por atender poblaciones vulnerables.
Son apuntes interesantes, porque, ciertamente, la regla fiscal tiene sus trampas. La principal, que no plantea la Defensoría, es la que obliga a reducir el presupuesto de las instituciones cada vez que no logran ejecutar la totalidad del gasto autorizado en un año.
A ver: la lógica correcta supondría que cuando una institución no ejecuta todo su presupuesto, el paso inmediato sea revisar los por qué. A fin de cuentas, lo que se debería perseguir es la eficiencia operativa de cada una de las instituciones, lo que pasa también por la eficiencia en el gasto.
Pensar que cuando no se le da dinero a una institución porque no lo sabe ejecutar, se está en la ruta correcta, es claramente un error. Pues finalmente, en ese escenario, no se está haciendo nada para que se cumplan los objetivos para los cuáles se creó esa entidad.
Allí es donde está el problema. Y eso no se resuelve pasando el dinero para otro lado. El ministro de Hacienda de turno puede sentirse muy feliz porque esa situación le permite destinar más recursos a programas que quiere impulsar, por encima de otros que no ocupan los lugares de privilegio en su lista, pero que en el fondo pueden ser realmente importantes para el país.
Sin embargo, eso no resuelve nada. Solo permite la continuidad de la inoperancia. Y así, más bien, se termina por aumentar el desperdicio. Gastar poco para no hacer algo bien o para no hacer nada, es un desperdicio. Gastar lo necesario para hacer algo bien, es lo correcto.
Y llama la atención el tema porque no está considerado en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Efectivamente como lo dice la Defensoría, todo allí se resume a una cuestión de números, cuando en la realidad, todo comienza por las personas.
Las instituciones deben responder a eso. Ninguna fue creada simplemente para estar allí o para ser una fuente de empleo, como muchas veces se interpreta aquí.
Ahora bien, si se va a revisar la ley sin tomar en cuenta estos factores, no tendría sentido entrar en esa discusión. Porque, igual, si se le da más dinero a una institución para que no ejecute esos recursos, o no lo haga bien, es algo que no tiene sentido.
Pero, es claro que aquí la cosa va mal. Y lo apuntamos porque, por ejemplo, nunca hemos visto a un nuevo jerarca llegar a una institución y comenzar por hacer una evaluación sobre qué se hace, cómo se hace, por qué se hace, con qué fines se hace. Y solo así podría sacar conclusiones que le permitan mejorar los procesos en función de los objetivos que la ley establece para esa entidad.
El eje de todo debe ser ese. No podemos perder de vista las tareas que competen a cada institución. Y tampoco podemos seguir con esas calificaciones antojadizas que hace el Ministerio de Planificación y Política Económica año a año, donde casi todos sacan buena nota, pese a que es evidente que algo no está bien; que no cumplen con lo que la ley les obliga; que no resuelven problemas, sino que simplemente los acumulan.
¡Los políticos tienen la palabra!
