A través de los años, en nuestro país se han generado leyes y hasta reformas constitucionales que terminaron por conducirnos hacia algunos callejones sin salida. Y aquí hay que reconocer que la premisa fundamental de constituyentes y congresistas ha sido la defensa de las libertades individuales.
Pero, conforme evoluciona el mundo, nos hemos ido encontrando con realidades diferentes, que plantean nuevos retos para la sociedad costarricense.
El tema viene a colación justo porque hoy en la Asamblea Legislativa una Comisión Especial analiza un proyecto de reforma constitucional tendiente a autorizar la extradición de ciudadanos costarricenses cuando sean requeridos por las autoridades de otros países por cargos de narcotráfico, crimen organizado o terrorismo.
Es una discusión que el país debe encarar con la seriedad que amerita. Aquí, claramente, hay varias salientes, todas importantes.
Los abogados constitucionalistas no se ponen de acuerdo sobre la constitucionalidad de la reforma y, por ende, si la Asamblea Legislativa tiene o no potestad para discutirla y aprobarla. Eso, porque hay quienes piensan que se limitarían los derechos individuales que garantiza la misma Constitución Política, al forzar a un nacional a abandonar el país. Y si esta tesis es correcta, solo una Constituyente estaría en posición de adoptar la medida.
Pero también está el tema de la impunidad. Porque, si una persona se refugia en la norma constitucional que impide hoy la extradición de costarricenses, entonces el país se colocaría en una posición muy incómoda, al contribuir, aunque sea indirectamente, con la construcción de un escenario que posibilite que esa persona no sea sometida a la justicia.
Hay también otro tema. Tiene que ver con aquellos que optan por la naturalización como recurso para evadir a la justicia de sus países de origen. Incluso, a veces, recurriendo a un complejo esquema de fraudes para lograrlo.
Y a todo ese cuadro el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, agregó un asunto adicional. Considera que se debe ampliar la lista de delitos por los que habrá que autorizar la extracción.
A esa corriente comienzan a sumarse diputados que piensan, incluso, que, si se autoriza la extradición de costarricenses, simplemente se debe dejar abierto el espectro a todos los delitos.
Nosotros creemos que la nacionalidad no debe ser un factor que lleve a la impunidad. Por ello, estamos de acuerdo en la extradición de ciudadanos costarricenses. Eso sí, siempre que se cumplan en la etapa previa en nuestro país, todos los requerimientos procesales. Y esto mismo aplica para los países que requieran a esas personas.
Si se llega a la conclusión de que la Asamblea Legislativa no tiene potestad para tramitar esta reforma, entonces el país debe asumir la responsabilidad de juzgar, como lo permiten los convenios internacionales, a cualquier persona requerida por algún delito en otro país. El mecanismo exista, pero no se suele usar.
Además, aunque está planteado en otro proyecto de ley que aún no se discute en la Asamblea Legislativa, es imperativo que se establezca un mecanismo ágil mediante el cual una persona naturalizada pueda perder esa condición en caso de cometer algún delito.
Ya hay diputados que han expresado consideraciones en esa línea. Es urgente aterrizar esas inquietudes en una reforma legal.
Ante las nuevas dinámicas que están adoptando los delincuentes, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tampoco tiene sentido que se tomen decisiones sin las valoraciones pertinentes, para que luego haya que echar marcha atrás y perder el camino recorrido. Por ello, reiteramos, el análisis debe ser muy serio y objetivo.
