Diversos sectores han centrado la discusión sobre la polémica adjudicación de la licitación para la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, a la empresa MECO, a la cuestión de si se hizo o no un cartel a la medida para esa firma.
Y todo arrancó a partir del señalamiento puntual que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el día que anunció la destitución de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes.
El tema es importante. Porque, no podemos olvidar que el mandatario también apuntó que la adjudicación se hizo por 2 millones de dólares por encima de lo que plantearon los otros oferentes que participaron del proceso.
Y eso habrá que dilucidarlo, porque, si fue así, se habría causado un enorme perjuicio a la hacienda pública.
Pero, dicho eso, hay que advertir que aquí bien se pudo haber estado frente a otras irregularidades, con claro perfil delictivo.
Es clave no perder de vista que siete ingenieros de la Dirección General de Aviación Civil firmaron una nota, desde agosto del año pasado, en que hacen una serie de manifestaciones muy delicadas.
La primera es que en un informe previo que ellos elaboraron en relación con las condiciones de la pista de aterrizaje, aparecieron luego cuatro conclusiones que no fueron anotados por ellos. Es decir, que el documento se modificó.
Ya eso de por sí sería muy grave. Pero, lo es más aún tratándose de conclusiones que se utilizaron para sustentar la inclusión del proyecto de rehabilitación de la pista aérea en un decreto de emergencia.
Porque, todos sabemos que en ese esquema aplican condiciones diferenciadas en los procesos de licitación. Por ejemplo, los controles propios de la Contraloría General de la República son posteriores y no previos como en los esquemas de contratación regulares.
Para más, los mismos siete ingenieros sostiene en esa nota de agosto del año anterior, que en su informe luego aparecieron fotografías de daños en la pista que tampoco fueron incluidos por ellos, y más bien, correspondían a otro informe de tres años antes, que no tenía nada que ver con la tormenta Bonnie.
Son denuncias muy graves que se hicieron oportunamente ante Fernando Naranjo, quien ocupaba para entonces el cargo de director general de Aviación Civil. Y desde hace varios meses también son de conocimiento de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.
Estos temas requieren mayor atención. Porque de ser ciertas las denuncias, que están respaldadas por las firmas digitales de los siete ingenieros en cuestión, estaríamos ante una concurrencia de delitos que se habrían cometido, quizá hasta con la buena intención de agilizar el proceso, pero que, claramente, están al margen de la ley.
Por eso es clave saber si el informe sobre el estado de la pista fue alterado o no, y de haber sido así, quién lo hizo y por orden de quién. Todos ellos tendrían que sufrir consecuencias por sus actos.
Y el país tendría que saber quiénes fueron para no volver a tenerlos en ningún cargo público en el futuro.
