Alguna vez mientras era presidente de la Asamblea Legislativa, don Alberto Cañas dejaba ver su preocupación por la cantidad de leyes que hay en el país. Y decía, con cierto grado de sarcasmo, que un grupo de periodistas reunidos con él en una conferencia de prensa, perfectamente podrían estar violando una ley sin ser conscientes de ello.
Es un tema que debe preocupar, no solo por la cantidad de leyes, sino porque hemos llegado a un punto en que hay una maraña legal que impide hacer muchas de las cosas que se requieren en el país. Y quizá hay asuntos que, en el pasado, bien se pudieron manejar de la forma en que se ha venido haciendo. Pero, conforme pasa el tiempo, ya esas disposiciones no funcionan.
Uno de esos temas que quedaron entrampados en esa maraña es el de la disposición de los desechos sólidos. Por un lado, no hay claridad sobre qué hacer con los desechos electrónicos. Eso, pese a que cada día se genera un mayor volumen, por razones lógicas derivadas del avance de la tecnología.
A la fecha no hay una normativa de aplicación general que deba ser acatada por todas las partes involucradas en esa materia.
Y tampoco disponemos de una normativa de aplicación general en lo que respecta a los desechos sólidos comunes. En principio, se pensaría que debe ser una responsabilidad del Ministerio de Salud, pues ciertamente es un tema que impacta ese ámbito de la vida.
Pero, la realidad es que son las municipalidades las encargadas de manejar el asunto, a pesar de que hay 84 de ellas en este momento en el país, lo que genera una atomización sin sentido en un tema tan importante y delicado.
Es por ello que, francamente, llegó la hora de revisar este punto. Es cierto que la basura se genera en los cantones, pero la solución debe ser integral. Y no pasa por tener 84 rellenos sanitarios, o parques ambientales, como irónicamente se ha dado en llamarlos en la actualidad.
Hay cantones tan pequeños como Flores, Monteverde, Tibás, o San Pablo de Heredia, en los que no se justifica que tengan un relleno sanitario. Hay cantones tan grandes como Desamparados, San Carlos o Talamanca, que vaya uno a saber si de repente requieren más de un relleno sanitario.
Eso, sin dejar de lado una realidad como el hecho de que hay cantones con grandes extensiones de terrenos deshabitados, como en el caso del mismo Talamanca. Y hay cantones relativamente pequeños donde se genera un volumen importante de desechos, como el caso de San José.
Pero, también, cuando citamos San José, debemos estar conscientes de que a ese volumen contribuyen sistemáticamente miles de personas que no viven en ese cantón.
Estamos citando aquí solo algunos elementos entre muchos que permiten reafirmar el criterio de que se requiere una solución integral. Y el país no puede seguir bajo esa línea de que las municipalidades son las llamadas a actuar.
Allí impera un régimen de autonomía. Y cada Municipalidad decide si dentro de su plan regulador, en los casos en que lo hay, se contempla o no la posibilidad de levantar un relleno sanitario. Disponen de todos los instrumentos legales pertinentes para evitarlo.
Eso es lo que tiene que acabar. Los temas nacionales no pueden quedar en el ámbito de los gobiernos locales, particularmente en cuanto al establecimiento de políticas. Porque una cosa es eso, y otra es la ejecución. Aquí sí pueden entrar las municipalidades. Pero el parámetro general debe ser fijado, primero, por la Asamblea Legislativa y, luego, por el Ministerio de Salud.
Es momento de entrarle en serio a la solución definitiva de este problema. Y es urgente porque el relleno de La Carpio, que increíblemente recibe desechos de lugares tan lejanos como Golfito o Corredores, está a punto de cumplir su vida útil sin que, por ahora, en el panorama se visualice alguna alternativa.
