La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) anunció durante su congreso anual el respaldo al proyecto de Ley Jaguar, que impulsa el presidente de la República, Rodrigo Chaves, bajo el argumento de que servirá para el desarrollo del país.
A esa voz se sumó durante una Asamblea General la semana anterior, el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP). Igualmente aducen desde la organización que el proyecto servirá al desarrollo del país.
Los diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tomaron el acuerdo de votar en favor de la convocatoria a referéndum, como lo planteó el presidente Chaves, para que sean los electores los que definan si el proyecto se convierte en ley de la República o no.
Son tres posiciones, entre varias que comienzan a gestarse, que vale la pena revisar, como una contribución a ese necesario esfuerzo de contextualización de la discusión alrededor del proyecto de Ley Jaguar.
Recordemos que el presidente Chaves ha dicho -y, de hecho, ese concepto lo ha incluido en el nombre del proyecto- que la Ley Jaguar servirá al desarrollo del país. De entrada, sin embargo, no es fácil entender cómo servirá esa normativa al propósito que se cita.
Porque, cuando se observa, por ejemplo, que una buena parte de los proyectos de infraestructura pública que no se han podido concretar, están en esa condición no por inoperancia de la Contraloría General de la República, sino más bien, de las instituciones que los deben llevar a cabo, surgen dudas sobre la forma en que se corregirán los problemas sacando de en medio al ente contralor.
La carretera de Circunvalación, la ampliación de la Ruta 32, la ampliación del corredor entre San José y San Ramón, o la misma Ruta 1 en el tramo Barranca Limonal, son ejemplos de esa inoperancia, que no se viene a resolver con la Ley Jaguar.
El caso de la polémica restauración de la pista del Aeropuerto Internacional de Liberia es otro ejemplo. Porque, se requirieron cerca de ocho años de procesos internos en la Dirección General de Aviación Civil para llegar, finalmente, a incluir, al parecer, de manera irregular, el proyecto en un decreto de emergencia, para poder atender esa necesidad.
En ninguno de esos casos la Contraloría ha tenido que ver con los atrasos. Más bien, las decisiones han sido lentas a nivel político. Los procesos técnicos también son muy lentos y, muchas veces, se hacen mal.
En el caso del muelle turístico y la marina que el Poder Ejecutivo pretende construir en Limón, la misma presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Susy Wing Ching ha admitido que el proyecto no está listo. Ello, pese a que desde Casa Presidencial se ha insistido en que la Contraloría lo está entrabando.
Como vemos, hay mucho que corregir. Y el proyecto de Ley que impulsa el Ejecutivo no responde a esa realidad. Por eso, se requiere de un análisis mucho más amplio para llegar a mejores conclusiones sobre cuál es la ruta por seguir.
Y, volviendo al inicio, llama la atención que ninguna de las organizaciones que han manifestado su apoyo al proyecto de Ley Jaguar, o los diputados de la Unidad, que respaldarán que el tema se lleve a referéndum, han tocado estos temas.
Son elementos muy importantes que deben ponerse sobre la mesa, incluso ante la eventualidad de que la Sala Constitucional avale cualquier de las tres consultas de Constitucionalidad que hoy están en proceso.
Porque una cosa es si se da o no el referéndum, y otra muy distinta, pero mucho más importante aún, es cómo vamos a hacer más eficientes los procesos en el sector público, sobre todo en lo tocante al desarrollo de obra pública.
Por eso queda la sensación de que se comienzan a adoptar posiciones sin el debido análisis por parte de quienes han decidido respaldar la iniciativa. Y eso, es un grave error. Lo pertinente siempre será evaluar todos los elementos y, a partir de allí, ver qué resultados arroja el proceso.
Esa es la mejor ruta para encontrar respuestas urgentes como las que el país requiere.
