La Caja Costarricense de Seguro Social está en la obligación de disipar cualquier duda respecto de la adjudicación que hizo la Junta Directiva a una serie de cooperativas de salud de la administración de 10 EBAIS.
Es imperativo que así sea por un valor de elemental transparencia frente a los asegurados. Y es doblemente importante toda vez que la propia Auditoría Interna de la institución planteó una serie de cuestionamientos en torno al proceso y la forma en que se concretó.
A nosotros, particularmente, nos llama la atención -y ya lo planteamos en una oportunidad- el hecho de que cada cooperativa involucrada en el proceso se hizo acreedora de un nuevo contrato por 10 años, en el mismo lugar donde ya operaba.
Eso supone que cada una de las cooperativas debió presentar la mejor oferta para el área de salud donde ya opera. Francamente, eso no parece una casualidad.
Es cierto que cada cooperativa sabe cuáles son sus costos, versus la población que atiende. Y tiene información valiosa sobre el comportamiento de esa población asegurada. Pero, igual, el asunto no parece tan casual. Porque, a fin de cuentas, todas están en el mismo negocio y deben poder establecer condiciones financieras muy cercanas a la realidad.
Ahora bien, la CCSS no ha explicado si hizo un análisis en torno a la calidad del servicio que brindan las cooperativas. No se conoce que haya hecho algún tipo de consulta ni ante las juntas de salud ni ante los vecinos de los lugares donde operan esas empresas.
De manera que no hay datos sobre los rendimientos del servicio ni sobre el nivel de satisfacción de los usuarios. Eso debió ser elemental.
Y si a estas omisiones les sumamos las dudas planteadas por la Auditoría, la situación cobra un matiz muy peligroso. Porque, entre lo denunciado, se dice que hay un sobreprecio importante por el mismo servicio. No se agrega nada.
Es cierto que todo está sujeto a la inflación. Pero, si es solo por este factor, los montos que se citan en el reporte de la Auditoría estarían salidos de toda lógica.
Lo otro preocupante que señala la Auditoría es que se hicieron cambios al cartel de licitación, para hacerlo más liviano. Todo, “con la finalidad de dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años; así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en caso de ser adjudicado con más de una partida”, según el reporte.
Las cooperativas tampoco hablan de estas cosas con la gente a la que atienden. Para ellos, su negocio no es con los asegurados, sino con la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ojo que algunas de ellas han tenido la ventaja de poder refundir los servicios que prestan, de tal manera que toda la operación se concentra en una sola instalación, pese a que en un inicio la idea de los EBAIS era acercar físicamente los centros de salud a las comunidades.
Por todo ello se requieren aclaraciones puntuales por parte de quienes adoptaron los acuerdos sobre la extensión de los contratos, para que las cosas queden claras.
Esperaríamos que las autoridades de la CCSS no se escudan en el argumento de que el tema está judicializado, para no dar esas explicaciones que el país necesita. Especialmente cuando han convertido casi todas sus apariciones públicas en espacios de aclaraciones. Claro, con una diferencia: aclaran lo que a ellos les interesa, como a ellos les interesa.
