Los recortes presupuestarios que realizó el Ministerio de Hacienda a la Educación para 2025 provocarían el incumplimiento del Pacto Nacional de la Educación, generando situaciones que agravarían la crisis en este sector, alertó la Defensoría de los Habitantes.
En esa línea, la Defensoría apuntó que afectaría cuestiones básicas como alcanzar el currículo completo, mejorar la infraestructura educativa, la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo por falta de nuevos códigos docentes y aumentaría el retraso en el pago de salarios.
Además, agravaría problemas que enfrentan las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas por falta de presupuesto para cubrir servicios básicos como agua y luz.
La entidad señaló que todo esto es parte de la respuesta a una carta presentada por el sindicato de la Asociación de Directoras, Directores y Administradores del Sistema Educativo Costarricense (ADEM).
Añadió que, también fue enviada al presidente de la República, Rodrigo Chaves; la ministra de Educación, Anna Katharina Müller y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Sin cumplir lo estipulado en los últimos 5 años
La Defensoría ha venido dando seguimiento a la afectación de los derechos de las personas menores de edad, docentes y administrativos.
En ese sentido, recalcó que el país no ha cumplido con lo estipulado por la legislación vigente (8% del Producto Interno Bruto) durante los últimos 5 años, siendo 2019 el año que más se acercó, con un 7,8%.
Sin embargo, ese porcentaje ha disminuido paulatinamente año tras año, hasta llegar a un 6,1% del PIB en 2023.
Ello afecta directamente los Programas de Equidad (alimentación y transporte estudiantil), Educación Inclusiva (Contratación de docentes de apoyo) e Infraestructura Educativa (órdenes sanitarias).
“Cabe destacar que, el presupuesto asignado al Programa de Equidad ha experimentado una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con 2022”, apuntó la Defensoría.
Recientemente el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante una consulta de www.despertar.cr, indicó que ningún gobierno puede alcanzar ese 8% para la educación.
"El que dice que lo hace, miente. Para poder llegar al 8% de la Educación habría que cerrar 19 instituciones y no darle plata a la Asamblea Legislativa”, manifestó Acosta en aquella ocasión.
Problemas en torno al talento humano también afectan
La Defensoría detalló que también realiza una investigación estructural relacionada con la problemática en torno a la gestión de talento humano por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esa situación afecta los derechos laborales fundamentales de los trabajadores de la institución, y, por consecuencia, la labor que cumplen.
“La Defensoría atiende a personal del MEP que solicita la intervención por la inadecuada gestión y excesiva tardanza, en el reconocimiento y pago de diferentes incentivos salariales a los que tienen derecho”, indicó la entidad.
Añade que, el común denominador es la demora extrema e irrazonable en el trámite, resolución y retribución económica efectiva de esos reclamos administrativos.
