La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría terminar paralizada en breve, dada la escalada de las tenciones entre la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, y varios directivos de la entidad.
Mientras el problema de las listas de espera se mantiene, y proyectos de infraestructura urgentes como el nuevo hospital de Cartago están en el aire, Esquivel ha insistido en una línea de confrontación con los directivos de los sectores laboral y empresarial desde que fue nombrada en el cargo.
El capítulo más reciente de esa "guerra" no declarada surgió a raíz de una orden girada por la Contraloría General de la República (CGR) a los directivos de la Caja para rebajarle el salario a Esquivel, dado que supera el máximo autorizado por la ley para el puesto que ocupa.
Esquivel recusó a los directivos Martha Rodríguez, representante sindical; Maritza Jiménez, del sector solidarista; y José Luis Loría, del sector cooperativo para que no puedan participar de la discusión de ese tema.
“En caso de que la Junta Directiva de la CCSS resista cumplir la orden, estaremos presentando la solicitud correspondiente a la CGR, con la pretensión de que los directivos desobedientes sean removidos de sus cargos según el artículo 69 de la Ley Orgánica de la misma Contraloría”, detalló en un documento la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA).
Ese artículo señala lo siguiente:
Sanción por desobediencia. Cuando, en el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se hayan cumplido injustificadamente, las reiterará, por una sola vez, y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia una vez agotado el plazo, esta se reputará como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría.
Para imponer la sanción al funcionario o a los funcionarios del sujeto pasivo, que hayan permanecido rebeldes ante la orden impartida, se les dará audiencia por ocho días hábiles, para que justifiquen el incumplimiento de la orden y, una vez transcurrido este plazo, se resolverá con vista del expediente formado".
El disgusto de Esquivel con esos tres directivos radica en que han cuestionado, fuertemente varias de sus decisiones. Por ejemplo, la han acusado de maquillar los estados financieros en los que se indica que la CCSS atraviesa serios problemas económicos.
Además, la han acusado por aplicar lo que califican como tácticas para atrasar la construcción del Hospital de Cartago.
Ninguno de los puntos de discordia, sin embargo, versaron nunca sobre el salario de Esquivel, tema que solo se conoció una vez que, en diciembre pasado, la CGR remitió un informe a la Junta Directiva de la CCSS.
Rodríguez y Jiménez ya se manifestaron en favor de acatar una orden expresa de la Contraloría para rebajarle el salario a Esquivel desde los ¢7.158.848 a ¢5.565.000, así como recuperar los montos pagados de más a la funcionaria desde su nombramiento. Loría estaba de vacaciones.
Esquivel presentó, en horas de la noche del jueves anterior, la recusación y el tema fue declarado confidencial, por lo que cuando se discutió el asunto, la sesión de Junta Directiva no fue transmitida vía zoom como sí pasó el martes anterior cuando los directores, en una votación de 5 a favor, acordaron acoger la orden de la Contraloría. En esa ocasión hubo un voto en suspenso, que quedó para una sesión posterior.
Amenaza temeraria
Luis Chavarría, secretario general de UNDECA, externó que las declaraciones de Esquivel constituyen una “amenaza temeraria” y es una persecución como otras que se gestan desde Casa Presidencial.
“Rechazamos totalmente esta forma de venir a perseguir, no solo a las personas, sino a los sindicatos y a la representación de los trabajadores. Condenamos, una vez más, esa persecución a la representación de los trabajadores.
“Ellos cuentan con nuestro apoyo. Avalamos todas las denuncias que se han venido presentando allí contra todas las anomalías que se han venido presentando en esa junta directiva, muchas ya comprobadas”, afirmó Chavarría.
En el artículo 3, del reglamento interno de la Junta Directiva de la CCSS, de setiembre del 2021 se indica que:
“En caso de que se presente una recusación contra alguno o varios miembros de la Junta Directiva en determinado asunto, una vez presentado el informe respectivo de la recusación, esta será abordada por el resto de los miembros en la sesión posterior inmediata. La misma deberá resolverse en dicha sesión por mayoría simple".
Mientras Esquivel incurra en prácticas dilatorias, seguirá percibiendo el salario cuestionado por la CGR. Será así incluso pese a que existe un acuerdo de la Junta Directiva para acatar la orden de la Contraloría.
Lo que sí está pendiente es la definición de las acciones legales que implementará la CCSS para la recuperación de las sumas pagadas de más a Esquivel.
www.despertar.cr llamó a José Luis Loría, representante del sector cooperativo para conocer su opinión sobre la recusación en su contra, pero sostuvo que no podía referirse al tema, pues estaba regresando de unas vacaciones y se incorporaría a las sesiones de junta directiva de la CCSS próximamente.
También se trató de entrevistar a Martha Rodríguez sobre el particular, pero no contestó las llamadas a su número celular.
De momento Chavarría señaló que la recusación no ha quedado en firme. Añadió que no hay claridad sobre los términos conforme el planteamiento que hizo Esquivel. Una vez UNDECA tenga un mejor panorama, definirá cómo se manejará el asunto.
No a las "amenazas e intimidaciones"
En su comunicado de prensa, UNDECA demanda “el cese de las amenazas e intimidaciones” a los miembros de Junta Directiva que representan a los trabajadores y se proceda, a acatar la orden de la CGR.
Los tres directivos recusados afrontan procesos administrativos en el Consejo de Gobierno. El Poder Ejecutivo los acusa por haber aprobado la aplicación de un aumento salarial para los trabajadores de la CCSS por ¢7.500 mensuales.
Ese incremento fue aprobado en el 2020 y se congeló por la declaratoria de pandemia global. En el 2022, la Junta acordó hacer efectivo el ajuste, pero el presidente de la República, Rodrigo Chaves estuvo en contra y exigió no ejecutarlo.
