Los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordaron acoger la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de ajustar, al margen máximo establecido, el salario de la Presidenta Ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, pero no definieron cómo ni cuándo lo harán.
El acuerdo a medias se tomó este martes. Cinco directivos votaron a favor de aplicar la orden de manera inmediata -según una recomendación de la Dirección Jurídica. Un director no votó. Aseguró que requería de tiempo para analizar el criterio de la Dirección Jurídica.
Esquivel salió de la sesión cuando se iba a conocer este tema. Lo mismo hizo el director de la Dirección Jurídica, Gilberth Alfaro, quien alegó para ello que se inhibía de exponer el caso dado que tiene una "situación personal de orden jurídico" con la presidenta ejecutiva, que era conocida por todos.
Jorge Porras, representante del Estado, pidió que su voto se diera en una sesión posterior, para lo cual justificó que, ante la existencia de dos informes opuestos entre sí, necesitaba hacer las valoraciones para emitir su voto.
Al mismo tiempo, criticó que el criterio de la Dirección Jurídica no se diera a conocer previo a la sesión del martes por la tarde, cuando se discutió el tema.
Porras se refería al hecho de que la directora de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, Natalia Villalobos, defendió el cálculo del salario de Esquivel. Para ello recurrió a una recopilación histórica de los salarios pagados a quienes ocuparon el cargo.
Marta Esquivel percibe, desde que asumió el puesto de presidenta ejecutiva de la CCSS, un salario de ¢7.1587.848. Según Villalobos, ese monto se viene pagando desde el 2018.
Villalobos incluso planteó a la Junta Directiva que se debería apelar la resolución de la Contraloría pues, en su criterio hay dudas que ameritan aclaración.
Por su parte, Andrey Quedada, subdirector de la Dirección Jurídica, coincidió con la orden de la CGR. Señaló que solo cabía acatarla de manera inmediata y establecer la forma en que se procedería para la recuperación de las sumas pagadas de más.
Quesada recordó que la Contraloría es el órgano máximo de fiscalización de la Hacienda Pública, por lo que no quedaba más que cumplir con lo dictado, al tiempo que enfatizó que la Junta Directiva no tenía argumentos suficientes para apelar y que se había vencido el plazo para interponer los recursos ordinarios de revocatoria o apelación.
La Dirección Jurídica propuso las acciones legales a tomar para ejecutar la orden de la Contraloría, pero no fueron aprobadas en esa sesión.
Lo que dijo la Contraloría
La Contraloría recibió oportunamente una denuncia en la que se acusaba que Marta Esquivel percibe un salario de más de ¢7 millones, por encima del tope máximo establecido por la Ley de Modernización de las Finanzas Públicas.
Tras la investigación, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la CGR constató que el salario está por encima del monto máximo, que es de ¢5.565.000.
En este sentido, en el oficio DFOE-DEC-3200 se le ordenó a la Junta Directiva:
4.1 Ajustar de inmediato el monto del salario mensual devengado por la persona titular de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS al límite máximo establecido en el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública.
4.2 En relación con las erogaciones por concepto de salario reconocidas a la persona titular de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, desde el 20 de setiembre de 2022 hasta la fecha que se haya hecho efectivo el ajuste ordenado en el punto 4.1 anterior, recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto proporcional derivado de estas diferencias, según corresponda, aguinaldo, salario escolar, cargas sociales, fondo de capitalización laboral, entre otros.
La Junta deberá remitir a la CGR copia de las acciones tomadas para atender lo requerido, con indicación de las fechas previstas y los responsables de su ejecución; así como la evidencia de que fueron comunicados a las instancias competentes.
Para esto, la CGR le dio a la CCSS un plazo de 20 días hábiles, desde el momento en el que se remitió el oficio el 19 de diciembre anterior, plazo que vencería el 30 de enero próximo.
