La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron allanamientos múltiples por la quiebra de Coopeservidores. Entre ellos, la vivienda del exgerente de la entidad, Óscar Hidalgo Chaves.
Los allanamientos se realizan en casas y establecimientos comerciales, como parte de la investigación que se sigue en la causa 24-000017-0621-PE, por los aparentes delitos de administración fraudulenta y estafa mayor, en perjuicio de Coopeservidores, afectando a sus ahorrantes y sus asociados.
Las diligencias se desarrollaron en las viviendas de otros sospechosos, de apellidos: Lozano Galindo, Chinchilla Villalta, Mora Sánchez, Torres González, Bejarano Barquero, Mora Arias, Quesada Muñoz, Corredera Ramos y Gutiérrez Mora.
Las casas de habitación están ubicadas en San José, Alajuela y Heredia.
Según informó el Ministerio Público, el objetivo de las pesquisas era recabar evidencia para incluir al expediente de la investigación.
El director del OIJ, Randall Zúñiga explicó que como parte de la investigación en curso, se logró determinar que la alta gerencia de Coopeservidores contrató a Coopefénix para realizar procesos de cobro. Le pagaba altas comisiones, incluso por cobros que finalmente no se hicieron.
Lo más notable del asunto, sin embargo, no era eso, sino que los asociados de esta segunda cooperativa tenían relación de parentesco con figuras de la alta gerencia de Coopeservidores.
Los operativos también se ejecutaron en la Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (COOPEFENIX R. L.), Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.) y R G M. Servicio de Limpieza.
Como parte de la investigación, en mayo, la Fiscalía también dirigió allanamientos en el edificio de Coopeservidores R.L, sede Rohrmoser, tres bodegas de la empresa Access y en ADN Data Center.
El caso se mantiene bajo investigación.
Cabe recordar que, en mayo anterior, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) intervino a Coopeservidores por una serie de problemas administrativos y tras el análisis se determinó, el 21 de junio pasado, que la entidad era inviable, por lo que arrancó su proceso de resolución.
Han cerrado sedes y se ha despedido a cientos de trabajadores de la cooperativa que tenía una cartera de clientes que superaba las 162.000 personas.
Del informe de intervención, se desprende que, en cuestión de seis meses, Coopeservidores perdió patrimonio por el orden de ¢57.721 millones (un 55%) y redujo su suficiencia patrimonial en 7,77%.
Para noviembre del 2023 la cooperativa reportaba un patrimonio de ¢104.717 millones con una suficiencia de 14,81%.
