La Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, está en contra de la orden cursada por la Contraloría General de la República (CGR) a la junta directiva de la entidad, en el sentido de ajustarle el salario al tope legal máximo, que es de ¢5.565.000.
Por ello, solicitó criterio al Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) para que determine si procede o no el reajuste ordenado por la máxima entidad fiscalizadora de los fondos de la Hacienda Pública.
Esquivel comunicó su posición esta mañana, al inicio de la sesión 9400, de junta directiva, aunque luego pidió dejar el tema para las 6:00 de la tarde de este mismo jueves.
El martes anterior, con cinco votos a favor, el máximo órgano de la CCSS acordó acatar, en su totalidad, la orden de la CGR, pero no pudo definir cómo se procedería. Dejó ese punto para hoy jueves.
“Realmente yo les digo: si MIDEPLAN hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver y no necesitamos ni siquiera hacer un procedimiento”, afirmó Esquivel.
Sin debido proceso
En su criterio, la Contraloría no le aplicó el debido proceso, pues no se le participó de la investigación por la denuncia presentada.
“Desde mi punto de vista como jurista es una interpretación jurídica diferente a la que yo tengo”, comentó, al tiempo que sostuvo que cuando ella deje el cargo, la otra persona que sea nombrada sí se le debe aplicar el ajuste, “porque la Ley Marco entró en vigencia el año pasado”.
Con esto acuerpa el criterio de la Dirección de Administración y de Gestión de Personal de la CCSS, que defiende la legalidad del salario de ¢7.158.848
Pero en el criterio emitido el 19 de diciembre anterior, la CGR no hizo referencia alguna a la Ley de Empleo Público. Concluyó que sí hay una infracción a la Ley de Salarios de la Administración Pública, cuyo artículo 42 establece el límite de las remuneraciones totales devengadas, norma que fue acogida también por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 2018.
Esquivel fue nombrada Presidenta Ejecutiva de la CCSS desde el 19 de setiembre del 2022 y un día después, la Dirección de Administración y Gestión de Personal le generó la acción de personal correspondiente.
Para el ente contralor, el tope sí es aplicable a Esquivel, puesto que su nombramiento como jerarca de la CCSS es posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Por su parte, la Dirección Jurídica de la CCSS, es del criterio que la acción de personal que validó el salario de la jerarca es irregular, por lo que recomendó a la Junta Directiva acoger la orden de la CGR y propuso una serie de acciones legales a fin de proceder con la rebaja y con la recuperación de los montos pagados de más.
Recusará sectores
Para las 6:00 p.m. está previsto que la Junta Directiva retome el tema y en este sentido, Esquivel externó que recusaría a la directora Martha Rodríguez "y al resto de los representantes del sector social, evidentemente", sin exponer el detalle de la recusación.
"Yo sólo la dejo presentada. Si ustedes me dan la oportunidad yo la expongo -a las 6:00 p.m.- y después la tienen que resolver quienes no estén recusados", aseveró.
En esa misma línea, Jorge Porras, representante del Estado, acotó que presentará un recurso de revisión a la votación del martes anterior.
Porras es el director que, optó por no votar el tema salarial de Esquivel hasta en la siguiente sesión de Junta Directiva, pues hay dos criterios instituciones completamente opuestos -Dirección Jurídica y Dirección de Administración y Gestión de Personal-, al tiempo que criticó que el criterio de la asesoría jurídica no fue conocida previa a la reunión de ese día.
