El presidente de la República, Rodrigo Chaves, pidió a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, abrir una investigación contra la Dirección Jurídica de la entidad.
La razón: su descontento y molestia ante el reciente informe rendido por esa dependencia apuntando que es inviable que la CCSS venda medicamentos a farmacias y hospitales privados y que estos, a su vez, las ofrezcan al público a precios bajos.
“Yo creo, doña Marta Eugenia, que en vista del groso error que aparenta la interpretación de su Dirección Jurídica, valdría la pena hacer la investigación preliminar que corresponda y el órgano que corresponda, ¿por qué? caras vemos, tentáculos sí sabemos”, afirmó Chaves.
El informe, de 16 páginas fue suscrito por el director jurídico, Gilberth Alfaro; el subdirector jurídico, Andrey Quesada; la jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, Dylana Jiménez y los abogados Guillermo Mata y Ricardo Luna.
Fue emitido el 29 de agosto anterior y remitido al gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega de la O.
La disminución en los precios de las medicinas es una de las promesas de campaña efectuadas por Chaves pero, hasta el momento, no lo ha podido cumplir.
Con sus declaraciones, Chaves insinúa que empresas farmacéuticas tendrían conexión con funcionarios de la Caja para frenar que la pretensión presidencial pueda lograr cabida.
Chaves comentó que los intereses en el sector de las medicinas están constituidos por un monopolio, de integración vertical y que deja ganancias cuantiosas en un mercado en competencia.
“Esa gente tiene tentáculos en muchísimas partes”, reafirmó Chaves.
Desde hace casi dos años, la Presidenta Ejecutiva ha impulsado diferentes iniciativas para lograr una baja en los precios de las medicinas, a través de la CCSS, pero todas fueron rechazadas.
Hasta el final
Esquivel indicó que no desistirá de su intento de que se alcance la disminución en los precios de los medicamentos y recalcó que se está preparando una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el tema.
Esquivel acotó que el criterio jurídico de la CCSS requiere de una mayor profundidad.
“La Ley Constitutiva es clarísima y hasta donde yo sé, está vigente. La ley dice que la Caja puede comprar y vender, importar y exportar y no tiene ningún límite.
“Yo el mismo lunes le dije al señor Presidente: esta es una ruta donde yo voy a ir hasta el final para lograr el objetivo que es que las personas de este país tengan acceso a algunos medicamentos que compra la CCSS a un precio razonable, no a los precios que tenemos en las farmacias”, refirió Esquivel.
En caso de que la respuesta de los Abogados del Estados no resultara a satisfacción de Esquivel y de Chaves, la jerarca de la Caja indicó que, de ser necesario se hará un proyecto ley. “Llegamos hasta donde tengamos que trabajar para lograr el objetivo", dijo.
Según la Dirección Jurídica, la propuesta “Modelo de gestión estratégica de suplido de medicamentos de como un auxiliar de la Política Pública para la reducción de precios de medicamentos” no resulta viable porque la entidad no cuenta con la disposición legal para la suscripción de alianzas estratégicas con distribuidoras detallistas y centros médicos privados para que comercialicen los medicamentos de la Caja.
Tampoco se le dio el visto bueno para la suscripción del contrato denominado “Suplido de productos farmacéuticos e insumos bajo el modelo de venta estratégica de distribución y hospitales privados como mecanismo para coadyuvar en la reducción de gasto del bolsillo en productos farmacéuticos, medicamentos e insumos médicos”.
Esto debido a que se no se presentaron los informes y documentos que determinen que la CCSS está habilitada para ello.
Además, la Dirección Jurídica llamó la atención en el sentido de que lo que se pretende hacer no se encuentra enmarcado dentro del quehacer institucional, pues lo que se busca es de naturaleza empresarial o comercial.
Asimismo, se enfatizó que la Gerencia de Logística tampoco presentó una serie de informes técnicos, legales y financieros sobre el tema, así como se careció de un sondeo o estudio de mercado de investigación exploratoria, entre otros aspectos considerados necesarios para la incursión pretendida.
