Para la organización Costa Rica Íntegra, el proyecto de ley Jaguar facilitaría prácticas de corrupción, la malversación de fondos públicos y las propuestas de desregulación incrementarían la presencia de conflictos de interés.
Estas son algunas de las consideraciones que en torno a la iniciativa fueron plasmadas por esa organización en un pronunciamiento en que se hace un análisis del proyecto que en la actualidad está en consulta la Sala Constitucional por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La iniciativa es impulsada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien pretende que sea sometida a referéndum. El mandatario está enfrascado en una disputa con la contralora General de la República, Marta Acosta, a la que ha achacado todo tipo de irregularidades, pero sin llegar a formalizar alguna denuncia concreta.
Según Costa Rica Íntegra, brazo de Transparencia Internacional, no es conveniente que se resten potestades de control y fiscalización a la Contraloría General de la República (CGR).
“La reducción de la fiscalización preventiva por parte de la CGR, las auditorias, control interno y capacidad de denuncia y sanción pueden permitir que decisiones administrativas se tomen sin una supervisión adecuada. La falta de supervisión preventiva aumenta el riesgo de que se tomen decisiones administrativas de manera opaca, facilitando prácticas corruptas y la malversación de fondos públicos. La detección tardía de irregularidades limita la capacidad de corregir errores y sancionar a los responsables”, plantea la organización.
Asimismo, ahonda que, ante la alta incidencia de actos de corrupción en la contratación pública, no se deben debilitar la normativa ni la institucionalidad de control y supervisión de la gestión pública.
En este sentido, para Costa Rica Íntegra, la coyuntura por la que pasa el país no invita a aumentar la discrecionalidad y eliminar algunos de los controles sobre los recursos públicos.
“En concreto, no contribuiría a la transparencia y probidad el eliminar la obligatoriedad de compartir la información con la Contraloría General de la República sobre las empresas y obras de manera anticipada, por el contrario, se disminuiría la capacidad de los entes de control de actuar para prevenir cualquier acto indebido que facilite la corrupción, y a su vez la posibilidad de que la ciudadanía conozca estas actuaciones oportunamente”, indica el documento.
Potencia conflicto de interés y opacidad
Al mismo tiempo, en el pronunciamiento se reseña que el riesgo de corrupción se incrementa con la inclusión de más áreas de opacidad en cuanto a la selección de proveedores, arrendatarios, alianzas estratégicas, entre otras decisiones discrecionales, en un país como Costa Rica que, en los últimos años, retrocede de manera sistemática en las mediciones de transparencia, anticorrupción, en el derecho humano de acceso a la información y la libertad de prensa.
“(…) con estas propuestas de desregulación el potencial de conflictos de interés pueda ser incrementado; por ejemplo, la falta de mecanismos claros y regulados para la selección de aliados estratégicos en las alianzas de JAPDEVA”, agrega.
Añade que “sin procedimientos transparentes y rigurosos para la selección de aliados estratégicos, permitiría un mayor riesgo de prácticas corruptas y favoritismos”.
Por otro lado, consideran que se debe proteger la independencia, la integridad y las competencias previas y posteriores de fiscalización de la CGR, como garante del Estado Democrático de Derecho, de la protección del dinero público y de los procedimientos de control, vigilancia y transparencia en beneficio del conjunto de la ciudadanía.
“Varios principios constitucionales clave, compromisos de convenios internacionales anticorrupción y estándares internacionales OECD, y objetivos de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción se ven violentados por la posibilidad de contratos abusivos a largo plazo, el aumento de discrecionalidad y falta de regulación que se pretende para la adquisición de bienes y uso de inmuebles”, apunta el documento.
