El presidente de la República, Rodrigo Chaves y la ministra de Ciencia, Innovación Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes, atribuyeron a un juez del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) el atraso en el proceso de incursión del país en el servicio de internet de 5G.
Se trata del juez Johel Beausejour, quien aún no resuelve una gestión presentada por dos sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), desde el 5 de febrero anterior, a la que se sumó en coadyuvancia la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro.
Según Chaves y Bogantes, esa situación impide la aplicación del reglamento elaborado por el MICITT para el establecimiento de la red 5G, dado que como medida cautelar, se suspendió la normativa, “ampliando de manera anormal, los efectos de una decisión provisionalísima y nos preocupa que en dicho proceso hemos logrado constatar una serie de inconsistencias y conductas del juez asignado.
“Llama la atención que el juez haya actuado con suma celeridad a la hora en que se presenta la medida cautelar. Al día siguiente de que los sindicatos presentan esa medida cautelar el juez le da curso y aplica la medida provisionalísima que suspende el decreto de manera inmediata”, refirió Bogantes.
Añadió que no se le dio la oportunidad al Gobierno de defenderse, pues no se convocó a audiencia para justificar la razón del decreto.
Aquí apuntó que otro juez vio un recurso interpuesto por la empresa Huawei sobre el mismo y resolvió la medida en tres meses. En ese caso, dando la razón al Ejecutivo, lo mismo que en otras dos acciones que tampoco prosperaron.
5G como el fentanilo
Por su parte, el presidente Chaves sostuvo que Castro defiende intereses particulares a pesar de su condición de diputada. No es la primera vez que el mandatario cuestiona a la legisladora, quien en el pasado denunció que él gestionó su despido como asesora jurídica de la empresa Repretel.
Chaves preguntó: ¿Quiénes las tienen en planilla?, pues según indicó, tanto Castro como la diputada del Partido Liberal Progresista Johanna Obando están defendiendo los intereses de una empresa de un país no firmante del Convenio de Budapest, en referencia a Huawei.
“Corte Plena, vea lo que está pasando. Don Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, vea lo que está pasando. Estamos nombrando con nombre y apellido a este juez que llaman itinerante. No tiene un tema de especialización. Mañana le pueden dar un caso de familia; de hecho, tal vez tuvo muchos en el pasado, y ahora lo ponen a juzgar algo que tiene que ver con el desarrollo del país, que tiene que ver con nuestra seguridad nacional”, afirmó el mandatario.
De inmediato, en una comparación que solo él entendió, agregó que “el 5G es como el fentanilo: si usted lo prueba no sale de ahí”.
Chaves reclamó porque, según él, el juez Beausejour actuó con rapidez al inicio del proceso, pero en la actualidad el paso se ha vuelto muy lento.
Por su parte, Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE añadió que Radiográfica Costarricense (RACSA) brinda el servicio de 5G a empresas y servicios fijos, pero la parte masiva a cargo del ICE está frenada.
“Vemos un prejuicio en esa línea puesto que nos está atrasado la salida comercial del producto”, apuntó Acuña.
