El país entró desde hace ya mucho tiempo en una espiral que ha llevado a vivir de lo prestado. Se gasta mucho más de lo que ingresa a las arcas del Estado. En parte, por el peso que tiene en ese gasto el servicio de la deuda.
Y, cuando se debe encarar una realidad como esa, es imperativo enfocarse. En otras palabras, hay que entrar en la compleja dinámica de la negociación.
Eso ha faltado en la actual administración, en que tenemos un ministro de Hacienda persistentemente confrontado con los diputados. Así, ambas partes terminaron por perder la perspectiva y llegaron a un punto en que lo único que se ve en el panorama es una amenaza real de volver atrás.
El país viene de una etapa en que la relación de la deuda pública frente al Producto Interno Bruto (PIB) estaba ya por encima del 60 por ciento y todo apuntaba a que, de no ajustar, en poco tiempo llegaría al 70 por ciento.
Frenar esa caída y estabilizar la situación, era la primera tarea. Ahora bien, cuando en un hogar el dinero no alcanza, la solución no pasa por dejar de comer. Dicho de otro modo, si los ingresos del Estado no cubren todas las necesidades, lo pertinente es obligarse a ser cuidadoso en el establecimiento de las prioridades.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, asumió una posición radical que lo llevó a priorizar las cifras fiscales por sobre las personas. Y los diputados de oposición, tomaron la ruta inversa: priorizar a las personas por sobre los resultados fiscales.
Ambas partes están equivocadas. Se perdieron en sus obsesiones, y nos han puesto en un escenario muy peligroso. La última resolución de la Sala Constitucional que le da un término de 30 días al ministro Acosta para girar más de 62.000 millones de colones al Fondo de Asignaciones Familiares, es un ejemplo de cómo la dinámica en la que se ha caído puede llevarnos al despeñadero.
Por supuesto que los programas de asignaciones familiares son importantes, especialmente si se ejecutan de manera apropiada. Pero, sacarse de la manga una cifra como esa, no es como “soplar y hacer bombitas”. Algo habrá que dejar de atender a cambio.
Ahora bien, ya en ese punto, el ministro Acosta se vuelve a equivocar, porque en respuesta a la orden judicial, advierte que serán otros programas sociales ajenos a los que FODESAF los que pagarán las consecuencias.
Cuando se dan reacciones como estas, queda en el aire la sensación de que no hay un interés de buscar soluciones. Más bien, pareciera que el mensaje va en la dirección de dejar claro que si Hacienda se ve en la obligación de cumplir una orden que no le gusta al jerarca, lo hará en detrimento de los mismos sectores que se deberían proteger.
No ha sido la práctica hasta ahora. Pero, es hora de que tanto el ministro Acosta como los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa se sienten, en serio, a analizar la situación y plantear salidas razonables.
Si cada una de las partes continúa aferrándose a la tesis de que solo su argumento vale, seguiremos en la arena movediza. Ni le corresponde exclusivamente al ministro de Hacienda decidir en qué se gasta y en qué no, ni les corresponde a los diputados hacerlo. Todos deben recordar que el Gobierno lo ejercen tres Poderes, conforme con lo que establece la Constitución Política.
En esa línea, está bien que los diputados planteen prioridades. Pero, deben hacerlo a la luz de los recursos disponibles. Y está bien que el ministro Acosta se ocupe de que los números cierren. Pero, no puede ignorar el hecho de que los programas sociales son uno de los principales soportes de la democracia costarricense.
