Un informe de mayoría que pide la destitución del presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Roger Madrigal, fue dictaminado en la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Lo anterior por las exigencias planteadas por el Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y varias entidades bancarias, para que le hicieran llegar los datos individualizados de los deudores.
Según el informe, la justificación presentada por el BCCR para respaldar sus solicitudes de información se fundamentó en un criterio emanado de la Procuraduría General, “indicando que la solicitud de información sería considerada válida siempre y cuando no abarcara datos sensibles y se precisara el propósito estadísticos para el que se dirigía. Y se garantizara la confidencialidad, calidad y seguridad de la información”.
En ese contexto, el informe señaló que ninguno de esos criterios fue cumplido por el Central en las solicitudes realizadas.
Los diputados reconocen la importancia de recopilar datos para elaborar políticas públicas. Sin embargo, cuestionan la forma en que el BCCR obtuvo la información.
En esa línea, el informe apuntó que los datos solicitados por el Banco Central no pueden ser tratados como si fueran propiedades de las instituciones. Por ello, los usuarios deben autorizar y estar al tanto del tratamiento y divulgación de sus datos personales e información sensible.
Se vulneró información sensible
El diputado del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, señaló que se vulneraron datos muy sensibles de los ciudadanos, comparándolo con el caso de la UPAD que se dio en la administración de Carlos Alvarado. Adicionalmente, detalló que se solicitaron 373 datos.
“Operaciones de deudores, calificación de riesgo, capacidad de pago, si es generador o no de divisas, actividad económica, comportamiento de pago, planes de inversión”, indicó Alvarado.
Por otro lado, la diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, quien presentó un informe de minoría, comentó que el BCCR hace política pública para la que requiere los datos más certeros posibles
“Y aunque haya solicitado información no anonimizada, los indicadores que produce a partir de esa información y que son públicos, son anonimizados. Es decir, una cosa es el insumo del indicador, y otra cosa es la salida del indicador”, expresó Guillén.
Y volvió a recalcar que, entre más precisos sean los datos, mejores indicadores se pueden producir.
Por último, la diputada Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), indicó que han revisado ambos informes, el de mayoría y el de minoría.
La diputada considera que el informe de mayoría cae en juzgar las actuaciones del BCCR con criterios poco objetivos y de índole no jurídico.
“Se aparta también este informe de mayoría de consideraciones que más bien las vemos de tipo político”, acotó.
Y añadió que, considera importante que el informe de minoría realizado por Guillén si se apega a criterios objetivos y dentro del ordenamiento jurídico.
