La Defensoría de los Habitantes contará en 2025 con un presupuesto prácticamente igual al del 2024. Sin embargo, tendrá que hacerle frente a un déficit de ¢400 millones, consecuencia de dar cumplimiento a Ley Marco de Empleo Público con el salario global.
“Este déficit representa un desafío importante para la gestión financiera de la Defensoría, ya que, limita la capacidad para operar de manera efectiva dentro del presupuesto asignado”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
Ello ante los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa durante su comparecencia para referirse al monto para el ejercicio económico de 2025.
Para Cruickshank el escenario requerirá un análisis pormenorizado y posibles ajustes en futuras asignaciones presupuestarias. Esto a fin de asegurar el adecuado funcionamiento de la entidad.
Por otro lado, la Defensora apuntó que la distribución del presupuesto de 2025 (¢6.046 millones) será: 85,66% para remuneraciones, 8,58% para servicios, 3,62% para bienes duraderos, 1,64% para transferencias y 0,51% para materiales y suministros.
Añadió que, teniendo como referencia que los montos del 2024 y del 2025 son idénticos, la estructura de gastos se mantiene en los mismo términos, a excepción de un incremento de 0,72% en la relación de puestos.
Se trabaja en mejorar la ejecución
La Defensora indicó que han tratado de implementar cambios significativos respecto a la supervisión del presupuesto.
En esa línea, detalló que han creado una Comisión Interáreas en la entidad para monitorear mensualmente la ejecución presupuestaria. Ello a fin de alcanzar mayores niveles.
“La ejecución en los últimos años ha sido un reto importante. Y hemos dado pasos importantes a efectos de mejorarla”, afirmó Cruickshank.
¢12.5 millones para capacitaciones y protocolo
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas, señaló que el papel de la Defensoría es fundamental en la atención de las poblaciones vulnerables, las provincias costeras, las zonas rurales y las zonas indígenas.
Por ello, se debe mantener una Defensoría no solo con los recursos necesarios para abordar los problemas, sino que también debe enfocarse en ejecutar responsablemente lo que se le asigna.
En ese contexto, le consultó a la Defensora sobre los ¢12.5 millones asignados para capacitación y protocolo, ya que, era mayor al monto presupuestado en los últimos años.
Cruickshank respondió que la institución debe capacitar en derechos humanos a funcionarios de 330 instituciones públicas, así como a personas representantes de las organizaciones civiles de todo el país.
“Este monto es realmente muy pequeño, ínfimo, relacionado con todo el trabajo de formación en derechos humanos que debemos hacer”, manifestó la Defensora.
