Este 1 º de febrero el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se reunió con la Contralora General, Marta Acosta y su equipo, quienes les explicaron las razones por las cuales proyectos como la contratación de escáneres para instalarse en la terminal de contenedores de Moín, y Ciudad Gobierno tuvieron señalamientos.
Luego de una presentación de la contraloría, que señaló exactamente aquellos puntos incompatibles con la Ley de Contratación Pública que encontraron en estos proyectos, el presidente indicó, en varias ocasiones, que en ambos casos son interpretaciones de la ley por parte de la contraloría.
Concretamente, sobre el proyecto de escáneres, el presidente tenía un recurso en contra de la resolución de la CGR. Sin embargo, para que se pudiera conversar del tema en la reunión, tenía que ser retirado.
Marta Acosta recordó que desde hace años la CGR ha impulsado la contratación de controles no intrusivos, es decir, los escáneres.
Sin embargo, al momento en que el Poder Ejecutivo buscó la contratación por segunda vez a través de un mecanismo directo sin competencia, esto no entraba en la excepción que se permite en el artículo 3, inciso b de la Ley de Contratación Pública.
“Racsa carece de idoneidad y no puede cumplir a través de una alianza estratégica porque la excepción al concurso cubre únicamente el ente público y la norma es muy estricta en señalar que la excepción no podrá utilizarse en la contratación de terceros sin atender los procedimientos. La administración tampoco realizó un estudio de mercado, que de forma expresa pide el artículo 6 del reglamento; si no realizó un sondeo el 14 de diciembre de 2023” explicó Acosta.
La contralora recalcó la necesidad de la contratación de los escáneres por razones de seguridad, fiscales y sanitarias, pero dijo que se deben contratar apegados al reglamento existente.
“En la Contraloría están interpretando la ley, más allá de la literalidad de la ley.. Aquí no estamos hablando de una subcontratación de Racsa con un proveedor. Es muy interesante saber que la Contraloría se puede sentar en la manguera cuando la casa está ardiendo” comentó, por su parte, el presidente Chaves..
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, agregó que, el proyecto no plantea solo la compra de escáneres, sino la prestación de un servicio, lo cual es un tema más amplio.
Ciudad Gobierno
La idea de Ciudad Gobierno es la construcción de inmuebles para que algunas instituciones tengan un lugar propio y no gasten en alquileres. En este punto, la CGR no detuvo el proyecto, pero sí señaló que no se puede plantear a partir del artículo 67 de la Ley de Contratación Pública. Ello implica que la figura que se busca utilizar, no aplica en este caso.
Para la Contraloría, no es viable que el Gobierno contrate la construcción en terrenos estatales para luego suscribir un contrato de alquiler con el constructor para utilizar los edificios.
“En Ciudad Gobierno un elemento que ha sido invariable a través del tiempo es que se quiere construir en terrenos del Estado. Entonces en este caso se trata de diseño y construcción en terreno propio. Para est, puede acudirse a los procesos ordinarios de la Ley de contratación pública, que es obligatorio para todo contrato público” definió la contralora.
Recalcó que el artículo 67 no incluye el diseño de un inmueble, sino que es un procedimiento especial para la compra de un edificio o espacio ya construido.
“¿Quiere que le conteste de corazón, por qué no al procedimiento ordinario? Porque habría que endeudar al país a una tasa de interés enorme, porque estamos en un programa del Fondo Monetario Internacional donde tenemos límites al nivel de endeudamiento. Porque gastamos del día en que íbamos a empezar a demoler, al día que recibimos su advertencia gastamos ₡5600 millones”, índico Chaves.
El mandatario finalizó mencionando que van a continuar en desacuerdo en ambos temas. Chaves lo atribuye a las interpretaciones de la CGR mientras Acosta sostiene que la entidad debe respetar la legalidad.
El equipo de la Contraria General de la República recalcó en varias ocasiones que ellos no están en contra de la realización de ninguno de los proyectos, sino que en ambos se debe a razones apegadas a la ley. De la misma manera, la reunión se pactó con la idea de que ambas partes se entendieran, pero nunca fue para buscar una solución inmediata al desarrollo de ambos proyectos.
