Legisladores de varias fracciones plantearon una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional en torno al proyecto de sobre Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
La consulta de diputados del Partido Liberal Progresista, el Partido Unidad Social Cristiana, y el Partido Liberación Nacional además de la diputada independiente María Marta Padilla, pretende esclarecer si la reforma generaría una posible violación al derecho de propiedad privada y la presunción de inocencia.
La reforma a la Ley contra la delincuencia organizada, ha generado fuertes preocupaciones por el impacto que podría tener en los derechos de los ciudadanos.
El plan busca permitirle al Ministerio Público solicitar medidas cautelares anticipadas, como el secuestro de bienes, sin necesidad de una denuncia formal y sin la presentación de pruebas suficientes.
Según los diputados esta disposición socava el principio de presunción de inocencia, un pilar fundamental del Estado de derecho, al invertir la carga de la prueba en perjuicio del ciudadano.
Este mismo señalamiento realizó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), por lo que expuso que se deben corregir algunas disposiciones del proyecto para evitar que se vulneren los derechos de las personas.
Al igual que la UCCAEP, los diputados consideran que en la reforma a la ley se imponen plazos irracionales para que los ciudadanos ejerzan su derecho de defensa. Por ejemplo, con solo tres días para responder a las medidas cautelares.
De acuerdo con los legisladores del PLP, se pone en riesgo la capacidad del acusado de presentar una defensa adecuada, lo que va en contra de los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir cualquier proceso judicial en un Estado democrático.
Por último, se cuestiona la vulneración del derecho constitucional a la propiedad privada. al permitir que el Estado se apropie provisionalmente de bienes y productos financieros sin pruebas concluyentes.
Para los legisladores se amenaza con dejar a los ciudadanos en un estado de indefensión frente a una posible arbitrariedad del poder estatal.
Los liberales reiteraron que este proyecto de ley, en su redacción actual, no solo atenta contra la presunción de inocencia, sino que también pone en grave riesgo el derecho a la propiedad privada de todos los costarricenses.
Incluso, desde un inicio sus diputados votaron en contra del plan y trabajó para que el texto fuera menos dañino, pero aún, así sigue siendo una amenaza.
