La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) hizo varios señalamientos a un proyecto de ley aprobado en primer debate que autoriza el embargo preventivo de bienes sin que medie denuncia previa en el caso de los delitos de crimen organizado.
Para la UCCAEP, "debemos manifestar la necesidad de corregir algunas disposiciones del proyecto" para evitar que se vulneren los derechos de las personas.
De acuerdo con la interpretación de la UCCAEP, la propuesta permitiría al Ministerio Público que, cuando exista un aumento patrimonial, sea de una persona o una empresa, “sin causa lícita aparente” pueda solicitar el congelamiento de sus bienes, sin que se haya presentado una denuncia contra la persona afectada.
La situación causa alarma, si se toma en cuenta que el 97% del parque empresarial del país responde a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales quedarían expuestas, argumentan los dirigentes de la Unión de Cámaras.
Según la organización, más del 45% del sector productivo nacional opera desde la informalidad. Eso dificulta ofrecer medios probatorios para un porcentaje importante de la población.
UCCAEP expresó en caso de no enmendarse el proyecto contendría acciones que atentan contra las garantías de la ciudadanía y la preservación del Estado de Derecho.
La UCCAEP reiteró su disposición a colaborar y apoyar iniciativas que fortalezcan las herramientas contra el crimen organizado, conscientes de lo que representa la seguridad para garantizar la paz social y también para evitar la hostilidad en el clima de negocios.
Las objeciones
El sector empresarial insiste en la necesidad de contar con un umbral mínimo en la ley, ya que al eliminarlo se podrían embargar la totalidad de los bienes de una persona que aún no ha sido denunciada por delito alguno e independientemente del monto del aumento de capital.
Por otra parte, UCCAEP considera insuficiente el plazo establecido en este proyecto para el ejercicio adecuado y correcto del derecho de defensa.
La Unión de Cámaras señaló que se debe considerar que, dado que la persona no ha sido denunciada, puede requerir la recolección de elementos probatorios de vieja data y múltiples posibles fuentes.
Por eso, se sugiere ampliar el tiempo establecido para plantear un recurso de apelación ya que el proyecto fija solo 24 horas, lo que crea una situación clara de indefensión para la ciudadanía.
Igual, debe modificarse el proyecto para que la valoración de la prueba sea obligatoria para el juez y no potestativa; y también debe establecerle un plazo perentorio al juez para convocar a la audiencia de defensa a las partes.
Otro punto es que con la reforma se restringen derechos fundamentales en materia de propiedad privada y el derecho de defensa, por lo que debería ser aprobado por mayoría calificada.
UCCAEP reafirma que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es de la mayor importancia para todos los ciudadanos. Sin embargo, estima que es de gran relevancia enmendar el proyecto si realmente se quiere cumplir con el objetivo.
