El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles mantiene una posición de férrea defensa a las alternativas definidas por su administración para la implementación del proyecto denominado Ciudad Gobierno y la compra de escáneres para las aduanas.
Así lo externó después de la “conversación” sostenida este jueves, con la Contralora, Marta Acosta y su equipo técnico, en la que ambas partes no cedieron en sus criterios, lo que remarca las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el órgano fiscalizador del Estado.
Chaves reiteró que en ambas iniciativas, la Contraloría General de la República (CGR) ha realizado interpretaciones de legalidad, pues asegura que la aplicación literal de las normas no impediría que los proyectos se lleven a cabo como plantea la administración.
“¿Por qué usted va a buscar otro tratamiento para curar una enfermedad si esa es la más efectiva y que es perfectamente legal y que es perfectamente ético y que cumple con toda la probidad?.
“(…) Esto está dentro del marco de la ley. Nosotros no hemos propuesto nada ilegal”, afirmó Chaves, ante consulta efectuada por www.despertar.cr.
Ello pese a que la Contraloría sostiene que la compra de escáneres no se puede llevar a cabo por medio de una contratación directa con RACSA, cuando esta subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no lo tiene entre su línea de acción. Pero, además, tendría que involucrar a otra empresa, en este caso, privada, que suministraría el equipo.
Y, en el caso de Ciudad Gobierno, la Contraloría objeta que se contrate la construcción por un tercero de instalaciones en terrenos del Estado, para luego tomarlos en alquiler.
Chaves comentó que se están buscando todas las opciones para que ambos proyectos puedan avanzar, de la forma como plantea el Ejecutivo. Enfatizó que la Contraloría hace interpretaciones “poco claras”, al tiempo que reseñó que nada los detendrá en el proceso.
“Ellos están interpretando de una manera que no es literal un artículo de la Ley de Contratación Pública y eso es lo que vamos a hacer, vamos a buscarle la comba al palo”, dijo Chaves en referencia al proyecto Ciudad Gobierno.
Solicitud a la Asamblea
El mandatario aprovechó para solicitarle a los diputados que analicen el actuar de la Contralora, pues, considera que no es el mejor.
“Yo le hago un llamado muy respetuoso a la Asamblea Legislativa para que vea lo que está pasado aquí y que se comuniquen con ella porque creo que la reunión habla por sí mismo. Nosotros no vamos a aflojar y vamos a dar la última gota de sudor y de esfuerzo para llevar adelante estos dos proyectos como estamos llevando a cabo el resto de proyectos del país”, agregó Chaves.
Pese a los fuertes cuestionamientos que ha emitido en constantes ocasiones contra la CGR por no estar de acuerdo con las resoluciones emitidas en diferentes temas de interés del Poder Ejecutivo, Chaves manifestó que nunca ha atacado al ente contralor.
“Nunca he atacado a la Contralora. Lo que hago es poner al escrutinio de la razón del interés público, de la ley, decisiones que, en este momento, que quedó claro, desde mi punto de vista que son interpretaciones que en este caso particular impidieron el avance del país; que es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y en economizarle a los costarricenses ¢30.000 millones al año que le van a familias tradicionales que tienen este negocio de alquilar edificios al gobierno”, apuntó.
Precisamente, tanto en la reunión con los funcionarios de la Contraloría como en una conferencia de prensa posterior a la cita, Chaves insistió en señalar a esa entidad como la responsable de que no se pueda combatir el narcotráfico como corresponde ni se pueda ahorrar dinero en alquileres.
No cambiará
Por su parte, Acosta Zúñiga indicó que pese al diálogo respetuoso “quedaron diferencias sobre la mesa”.
“Nos dimos cuenta que el señor Presidente tenía algunos vacíos de información sobre el tema de los proyectos de obra pública y pudimos conversarlos y pudimos informarlo”, afirmó Acosta.
Remarcó que la aplicación de la ley no es una opción, sino una obligación.
Recordó que la CGR tiene años de trabajar para que se dé la aplicación de los escáneres y que se efectuaron dos trabajos: una advertencia y una orden y dejó claro que la entidad no cambiará su posición.
“La Contraloría fue muy clara en su posición y el señor Presidente manifiesta que tenía claro que tenemos diferencias”, aseveró Acosta.
En lo referente a la iniciativa de Ciudad Gobierno, Acosta mencionó que la Contraloría reitera su criterio en el sentido de que el artículo 67 no se podría aplicar para la construcción de obra pública cuando los terrenos son del Estado.
En ese sentido, las manifestaciones de la Contraloría "están apegadas a derecho, están apegadas a lo técnico”, acotó la Contralora.
