Diputados de varias fracciones solicitarán que los representantes de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A se presenten a comparecer ante la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa para explicar su decisión de retirar su oferta para la construcción del nuevo hospital de Cartago.
La diputada de la fracción oficialista Ada Acuña destacó que es una noticia tremendamente lamentable, por lo cual está de acuerdo en que la empresa sea citada por la Asamblea y diga cuáles son los fundamentos de la decisión.
“Quiero decirle a los costarricenses que hacer una licitación pública en este país es, de verdad, algo casi imposible y que una empresa que cumpla con todos los requisitos y llegue a ser la adjudicada y que meses después se quite, realmente es muy peligroso”; indico Acuña.
La empresa comunicó el miércoles su retiro a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel. Adujo que el contrato no contempla un mecanismo de ajuste de precios en razón de situaciones como la del tipo de cambio.
También alegó que no encuentra un clima que garantice la seguridad jurídica que se requiere para trabajar en el país, en vista de las constantes recriminaciones y diferencias entre los propios entes del Estado, como la Caja y el Ministerio de Salud.
Para más, invoca las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y México, instrumento que establece los parámetros bajo los cuáles deben ser tratadas las empresas de cada uno de los países cuando operan en el otro.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez acusó al Poder Ejecutivo por la situación. Dijo que por sus reiterados ataques se logro salir con el cometido de no construir el hospital para los cartagineses.
“Me invade un gran dolor por los cartagineses y por los costarricenses porque esto fue un golpe a la Seguridad Social, un golpe a los cartagineses, y realmente estoy muy decepcionada de ver que la serie la serie de obstáculos y ataques que generó el gobierno contra el hospital de Cartago” llevó a esta situación, afirmó la legisladora.
Ramírez agregó que no es solamente la no construcción del Hospital sino también que las empresas están dejando el país. Esto va más allá del impacto de una empresa que estaba ya adjudicada y que hace un mes estaba defendiendo su contratación ante la Contraloría General de la República", analizó.
El diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) subrayó que es lamentable lo que apunta la empresa en torno a la falta de apertura de las autoridades de la CCSS para discutir una actualización de precios.
“Hemos luchado para que el hospital se construya y el Poder Ejecutivo ha estado en otra sintonía, buscando más bien hacerlo en otro lote y alargando la construcción de este hospital", dijo.
Para el legislador socialcristiano se nota claramente una intención de afectar a la provincia de Cartago, por ser una provincia que no ganó el presidente de la República en las elecciones de 2022 como sí lo hizo en Limón, en Puntarenas y en Guanacaste.
Los diputados consideran que la decisión de la empresa mexicana afectará a cerca de Cartago de 600.000 personas y que esas son las consecuencias de acciones generadas por presiones indebidas por parte del Poder Ejecutivo y de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel.
