La empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A de C.V., retiró su oferta para construir el nuevo hospital de Cartago, en una nota que conoció este jueves la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, leyó la carta después de señalar que la recibió el miércoles. La firma se adjudicó la construcción del nuevo hospital Max Peralta, que se ubicará en un terreno en el cantón de El Guarco.
Francisco Obando León, cuyas calidades no se detallan en el documento, señala entre las causales para desistir de la construcción de la obra:
- Cambios en las condiciones macroeconómicas del país desde el 2022 hasta el 2024 y que el pliego no prevé un mecanismo de reajuste de precios para las ofertas presentadas en dólares y pagaderos en colones.
- Criterios encontrados entre la CCSS y el Ministerio de Salud, luego de la presentación de las ofertas, lo que ha puesto en entredicho el proyecto. “Más aún, se han publicado muchas notas de prensa que plasman declaraciones de las distintas autoridades competentes que muestran claras desavenencias entre instituciones del Estado costarricense”.
La firma aseguró que cuenta con la solvencia técnica y económica para desarrollar el proyecto. Ello, quizá en referencia al hecho de que los representantes del sector patronal en la Junta Directiva de la CCSS plantearon dudas sobre la capacidad de la empresa para llevar adelante el proyecto por el monto que ofertó.
De hecho, en aquel momento, previo a la adjudicación, la Dirección de infraestructura presentó un informe desvirtuando las preocupaciones.
“Sin embargo, las inversiones efectuadas y requeridas a efectuarse, para el correcto y oportuno desarrollo del citado proyecto de infraestructura se ven seriamente amenazadas ante los hechos descritos y en ningún caso imputables a mi representada”, dice la nota.
Añade que “Es claro que un proyecto de esta magnitud solo puede ejecutarse y concluirse de manera exitosa con la vocación y apoyo decidido y apegado al marco legal aplicable, de todos los actores involucrados.
"La incertidumbre derivada del clima político en torno al proyecto y la falta de certidumbre respecto a la posibilidad de ejecutar el mismo conforme a lo originalmente previsto constituye un verdadero caso fortuito (acto del príncipe) que se traduce en una causa justificada para dejar sin efecto nuestra propuesta y eximente de responsabilidad para Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.”.
La empresa solicitó dejar sin efecto la oferta “con justa causa”, y pidió a la CCSS la terminación anticipada por mutuo acuerdo. De aceptarse, se deberá suscribir un finiquito, según ellos, “en beneficio de los intereses de las partes y, así evitar reclamaciones futuras”.
La oferta retirada era por más de $314,1 millones.
CCSS hará análisis
Esquivel aseguró que según la Contraloría General de la República “de alguna manera” la empresa que seguía entre los oferentes “quedaba fuera” para el desarrollo de la obra.
Comentó que ante ese panorama el proceso de licitación para el nuevo hospital de Cartago, quedaba prácticamente cerrado.
“Vamos a hacer el análisis jurídico de lo que alega la empresa y los efectos de esto en la licitación. Y adicionalmente, vamos a tomar claras acciones para mejorar el servicio de salud que da al hospital Max Peralta de Cartago.
Por su parte, la representante laboral ante la Junta Directiva, Martha Rodríguez, lamentó que se dieran tantos obstáculos para la construcción del nuevo centro médico que ha esperado la ciudadanía en los últimos 30 años.
“Manifestarle a los habitantes de Cartago mi mayor preocupación ante la renuncia de esta empresa que se convierte en un nuevo obstáculo para las personas de Cartago, por un tema no solo de precios como lo ha manifestado en la nota que se ha dado a conocer el día de hoy.
"La empresa deja constando las desavenencias que han ocurrido con el Ministerio entre otros, que reiteradamente se ha externado contra esta importante obra sanitaria para nuestro país”, acotó Rodríguez.
La Junta Directiva acordó que la Dirección Jurídica, con el apoyo de otras gerencias, emita un criterio al respecto en 15 días naturales. Los otros directivos no dijeron nada.
