Los legisladores de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que analizaron el proyecto de reforma constitucional para autorizar la extradición de nacionales en casos calificados, avalaron en forma unánime el plan, que ahora pasará al Plenario para continuar con el trámite.
Ello, pese a que en un inicio, varios de los diputados externaron escepticismo sobre la posibilidad de dar un dictamen afirmativo a tal reforma.
El proyecto presentado por la legisladora oficialista Pilar Cisneros pretende modificar el artículo 32 de la Constitución Política, con el fin de que sea posible extraditar a costarricense.
La propuesta contempla únicamente personas requeridas por otros países en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, cuando la extradición haya sido decretada por un Tribunal de la República de Costa Rica.
El diputado del partido Unidad Social Cristiana Horacio Alvarado mencionó que, a nivel de procedimiento la Asamblea Legislativa tiene competencia tanto Constitucionalmente como en el plano reglamentario para llevar adelante la reforma.
Alvarado adiciona que no implica un retroceso en materia de derechos fundamentales de las personas, sino más bien podría considerarse una garantía limitada razonablemente restringida, y es una herramienta clara contra la impunidad.
El legislador Eliecer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista pidió reconocer reconocer la realidad en que se encuentra nuestro país en materia delictiva, aunque anticipó que la reforma no es la pomada canaria para arreglar la situación de inseguridad.
Feinzaig ve esta reforma como una herramienta para avanzar en la lucha contra el crimen organizado, la cual debería ser ampliada a los delitos de legitimación de capitales y asociación ilícita.
El legislador dijo que se encuentran a la espera del informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para conocer si no existe ningún problema legal para ampliarlos ya que son parte de las actividades ligadas normalmente al narcotráfico.
El diputado del partido Nueva República David Segura señaló que nuestra legislación se ha quedado atrasada en el tiempo y que, más bien, parece que vienen a proteger a los delincuentes.
Segura agregó que aprobar esta reforma sería importante, pero considera que se debería dejar abierta a cualquier otro tipo de delitos, como ocurre en países como Colombia.
La diputada Paulina Ramírez, de la fracción del Partido Liberación Nacional, afirmó su respaldo de esta reforma. Señala que, ha llegado el momento de realizar modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico para permitir que, bajo ciertos criterios los costarricense que hayan cometido hechos delictivos puedan someterse al procedimiento penal extranjero.
"Ya sea para demostrar su inocencia o bien, para ser sancionado. No se vale escudarse en la nacionalidad para evadir la justicia"; sostuvo.
La diputada de la bancada del Frente Amplio, Priscilla Vindas explicó que el tema de extradición es una cuestión de soberanía, pero tiene que ir de la mano con la cooperación internacional.
Vindas votó de forma afirmativa la iniciativa y señaló que es importante para garantizar una sociedad más justa, para que se de una justicia pronta y cumplida, ante la dinámica de la delincuencia trasnacional.
El diputado Daniel Vargas, del oficialismo, añadió que la reforma ayudará a que Costa Rica deje de ser un centro de operaciones del crimen organizado
Pronunciamiento de la PGR
El criterio de la Procuraduría General de la República señalo que, en la actualidad, no existe ninguna norma de rango constitucional que prohíba de manera expresa la extradición de nacionales.
Pero si señala que, el artículo 31 de la propia Constitución delega la regulación de esta materia en el legislador y en los tratados internacionales, prohibiendo únicamente la extradición por delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación patria.
En su cierre la PGR hizo la recomendación de incluir en la reforma los delitos regulados en el Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión), cuya vinculatoriedad ya ha sido aceptada por la propia Sala Constitucional,
Así como los delitos relacionados con las convenciones internacionales atinentes a las materias de terrorismo y tráfico internacional de drogas, que constituyen compromisos asumidos por Costa Rica en el ámbito de las Naciones Unidas.
Como parte de sus conclusiones señala que la no extradición de nacionales tampoco es un derecho humano, sino que es un mecanismo que ha sido desarrollado a través de instrumentos bilaterales y multilaterales o vía ley, como parte del ejercicio de la soberanía de los Estados.
Cabe destacar que en dicha Comisión especial no se podía modificar el texto en discusión y para añadir otros delitos o mejoras al texto deberá hacerse durante el debate en el plenario, mediante mociones 137 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa.
