El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez se inhibió de conocer la consulta de constitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de Ley Jaguar.
La razón de la inhibitoria radica en que su hija, que labora en la CGR, es una de las funcionarias que participaron en la elaboración de la consulta presentada el jueves anterior, y que se tramita bajo el expediente 24- 018167-0007-CO.
“Esta fue aceptada con base en reiterados y suficientes antecedentes de la Sala, a partir de los cuales la razón alegada por el magistrado Castillo siempre ha sido aplicada a los efectos de admitir la inhibitoria que un magistrado presenta en tal tipo de circunstancias”, informó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
Para aprobar la solicitud del magistrado Presidente, los demás magistrados se basaron en siete resoluciones emitidas por la Sala IV, en materia de inhibitorias, desde el 2017 hasta el 2022 que son:
- Resolución del 5 de junio de 2019 -expediente No. 19-008311-0007-CO
- Resolución del 19 de octubre de 2017 -expediente No. 17-015599-0007-CO.
- Resolución del 12 de mayo de 2018 -expediente No. 18-015496-0007-CO
- Resolución del 2 de junio de 2020 -expediente No. 20-007487-0007-CO.
- Resolución del 15 de octubre de 2020 -expediente No. 20-017298-0007-CO.
- Resolución del 17 de junio de 2021-expediente No. 21-010749-0007-CO.
- Resolución del 9 de junio de 2022 -expediente No. 22-011068-0007-CO (entre muchas otras).
“De esta forma, con sustento en las resoluciones transcritas y dadas las manifestaciones del magistrado Castillo Víquez en cuanto a su hija, se actuó en consonancia con los precedentes y se admitieron como válidas sus razones para inhibirse, toda vez que tal situación le impide continuar conociendo del proceso en cuestión”, añade el documento.
La Sala IV analiza tres consultas de constitucionalidad sobre la iniciativa de Ley Jaguar. Una fue interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que planteó una serie de dudas en tanto se le restan potestades.
La otra es la consulta efectuada por varios diputados de la Asamblea Legislativa, y la tercera es la de la Contraloría, por considerar que la propuesta pretende reducir sus funciones de fiscalización y de control de los recursos públicos.
El Magistrado Presidente de la Sala IV sí está habilitado para conocer tanto la consulta que presentó el TSE a la cual ya se le dio curso, y la que presentaron 11 diputados, la cual está en estudio de admisibilidad.
