El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) apelará el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que determinó, entre otras cosas, que la empresa efectuó pagos a 10 generadores privados, con tarifas no vigentes y precios no autorizados por la Autoridad Reguladora de los servicios públicos.
De acuerdo con la CGR, los pagos de más efectuados a empresas privadas que le venden electricidad al ICE alcanzarían los $3,6 millones.
Según informó el ICE, mediante comunicado de prensa, envío las observaciones a la versión preliminar del informe contralor, con el respaldo documental, pero estas no fueron incorporadas en la versión final.
Según aclaró el instituto se cumplió con lo estipulado en la Ley 7200, los reglamentos y las metodologías tarifarias vigentes, emitidas por las autoridades respectivas.
“Todos los contratos firmados cuentan con el refrendo de la ARESEP. Las negociaciones se ejecutaron de acuerdo con las mejores condiciones comerciales para el país, con el objetivo de solventar –con la aplicación de otras medidas– el rezago de capacidad instalada disponible para atender el abastecimiento y la demanda eléctrica”, dice el comunicado del ICE.
Añadió que los contratos con bloques de energía garantizada cuentan con penalizaciones en caso de no alcanzar los límites establecidos.
“La firma con estos generadores ha evitado la compra de combustibles para respaldo térmico por ¢1.900 millones, y contribuye con la estabilidad de las tarifas eléctricas para todos los sectores de consumo.
“Finalmente, es falso que el ICE haya incumplido con la normativa vigente para realizar las recontrataciones de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 43700-MINAE”, señaló el ICE.
CGR investiga
Ante los hallazgos, la CGR abrió una investigación contra el ICE, a fin de profundizar en el tema y establecer la ruta a seguir.
Entre los aspectos detallados por la CGR en el informe DFOE-SOS-IAD-00011-2023 se encuentran:
- El ICE suscribió cinco nuevos contratos para la compra de electricidad a plantas privadas existentes sin que se dieran los estudios técnicos pertinentes y sin dejar trazabilidad de las negociaciones realizadas.
- La negociación de nuevos precios, a setiembre del 2023, tiene una probabilidad de que su costo sea un 84,8% mayor, en la planta de mayor potencia contratada.
- El proceso se realizó con poca transparencia, rendición de cuentas y trazabilidad, por lo que no hay garantía de que tales compras sean al menor costo ni en atención a las cantidades requeridas ni acorde con necesidades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
“Es relevante indicar que aunque el país se enfrenta al fenómeno de ‘El Niño’ que representa un estrés para el Sistema Eléctrico Nacional (considerando la significativa dependencia del agua como recurso para la generación eléctrica), cuatro de los cinco contratos suscritos por el ICE con privados son de plantas hidroeléctricas y las dos de mayor potencia contratada no han podido cumplir con los compromisos de generación suscritos en los respectivos contratos, lo que pone en perspectiva la contribución de estos contratos ante condiciones de sequía”, señaló la CGR.
