Pese a la suscripción diversos convenios de pago de la deuda del Estado con la seguridad social, lo cierto del caso es que lo cancelado por el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), apenas es de 0,65% del total pendiente. A diciembre del 2023, el saldo ascendía a los ¢3.5 billones.
Así concluyó la Contraloría General de la República (CGR) en un reciente análisis, cuyos resultados dirigió tanto al ministro de Hacienda, Nogui Acosta como a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel.
Se trata de un documento de seguimiento de informes rendidos sobre la deuda del Estado con la CCSS, emitidos en 2018, producto de los cuáles Hacienda y la Caja acordaron conciliar el pago de ¢845 mil millones, correspondientes al periodo 2015-2018. Incluso, para ese proceso se conformó una Comisión Técnica Institucional.
Asimismo, se integró un Comité Ejecutivo para la revisión de los adeudos entre el 2018 al 2022, pero terminaron sus funciones en el 2022, según comunicación de Hacienda a la entidad contralora, sin lograr conciliar alguna de las deudas.
Luego, en la presente administración, se acordó trabajar en una propuesta integral para proceder al pago tanto en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) como en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Por su parte, la CCSS informó que para el 2023, trató de suscribir convenios parciales flexibles con Hacienda, producto de un plan activo para el pago de la deuda, pero fueron rechazados por ese despacho.
“No ha sido efectivo”
A finales del 2023, la CCSS y Hacienda suscribieron un convenio parcial por ¢52.000 millones, para ese año y ¢24.000 millones, en el trascurso del 2024.
Pero según pudo detectar la Contraloría, Hacienda sólo ha cancelado ¢23.549 millones, monto que se rebaja a la deuda actual.
“Estos hechos, demuestran que el proceso de conciliación de saldos... no ha sido efectivo, según sus objetivos definidos, para el establecimiento de los saldos a registrar como deuda, tanto por la entidad aseguradora como las demás entidades que deben realizar un registro depurado, actualizado y oportuno en sus estados financieros, ni para su correspondiente pago”, señaló la CGR.
Añadió que “se tiene que el pago efectivo realizado por parte del Estado a la entidad aseguradora a la fecha de esta comunicación asciende a la suma de ¢23.549.442.279,50 el cual representa apenas un 0,65% del Saldo de la deuda registrada por la CCSS a diciembre 2023”.
Para la Contraloría, ese pago parcial evidenció la poca efectividad de los convenios, por lo que dio por finalizado el proceso de seguimiento de una serie de disposiciones dictadas en el 2018.
“(…) y se informa que ha iniciado una Auditoría sobre el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con los seguros que administra la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Además, se comunica a esa Presidencia Ejecutiva y a ese Despacho Ministerial, que a esta Área de Seguimiento no debe enviarse más información relacionada con lo ordenado por el Órgano Contralor en las disposiciones citadas. Lo anterior, sin perjuicio del proceso de fiscalización posterior que está llevando a cabo la Contraloría General sobre lo actuado por esas entidades, como parte de las funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública”, detalló la Contraloría.
A ambas partes les recordó su responsabilidad de velar porque se sigan desarrollando acciones para la gestión de la deuda que “se deben tomar respecto a la sostenibilidad financiera de ambos regímenes (SEM - IVM), en el mediano y largo plazo, para el cumplimiento de los fines previstos para cada uno de ellos y con una perspectiva en la persona usuaria”.
Durante la presente administración, el proceso de negociación del pago de la deuda del Estado a la CCSS ha estado inmerso en un estire y encoje.
La CCSS puntualizó los montos, pero Hacienda rebate que hay inconsistencias y que no pagará.
Además, Hacienda se ha negado a hacer los desembolso que aprueben los diputados en el marco de créditos internacionales de control hacendario.
