El Grupo Santa Fe, encargado del diseño y construcción de un tramo de 10 kilómetros en la ruta Naranjo-Florencia, no descarta cobrarle al Estado $490 mil por una suspensión de 154 días ordenada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El tramo de 10 kilómetros involucra el diseño y construcción de 7 kilómetros y 3,5 kilómetros, respectivamente, en las rutas nacionales 700 y 35, como una alternativa para darle salida a la carretera a San Carlos.
Representantes de la empresa constructora acotaron que los trabajos a desarrollar son para unir las comunidades de Ronrón y Sucre.
Mauricio Rodríguez, gerente general de Grupo Santa Fe, explicó que el contrato establece que el contratista puede solicitar el pago de una indemnización cuando se presenten atrasos no atribuibles a la constructora.
Esa posibilidad fue confirmada por Rodríguez en la Comisión Especial de Desarrollo de Infraestructura, de la Asamblea Legislativa, ante consulta del legislador liberacionista, Francisco Nicolás.
Ante esta misma comisión, representantes de la Asociación Pro Carretera Naranjo-Florencia denunciaron que existe descoordinación entre la empresa constructora, la supervisora y la Unidad Ejecutora.
Estas son Santa Fe, CEMOSA, cuya función es supervisar las obras e INECO, Unidad ejecutora.
Esta descoordinación, además de la falta de interés del MOPT, serían las causales, a criterio de la Asociación Pro Carretera Naranjo-Florencia, de que las obras no hayan comenzado.
Las obras son por el orden de los $12 millones.
El miércoles anterior, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Luis Amador, titular del MOPT sostuvo que este año se efectuaron 38 expropiaciones para la ruta a San Carlos, para los cuales se han invertido cerca de ¢4.000 millones.
En ese momento sostuvo que en años anteriores no se habían dado expropiaciones. “No habían movido nada. Eso estaba pegado allí de por vida”.
“Este año se han hecho una serie de gestiones para poder garantizar el empréstito”, acotó Amador.
Apuntó que se pasó al Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) la prefactibilidad, que ya cuenta con el visto bueno.
Añadió que se cuenta con un plan predial con los lotes que se irán liberando para el proyecto total de Naranjo - Florencia.
“El gobierno tiene recursos para expropiar este año. Sin embargo, la corte es un poco lenta, los mecanismos son un poco lentos y hemos hecho una valoración integral. Estuvimos con algunos diputados en la Asamblea.
“De ese listado que está en proceso para expropiar, que se supone no sale este año, aún así dejamos ¢1.000 millones, que es la mitad, asumiendo que con toda la presión que tenemos en esto (…) y aún así este año hemos hecho mucho más de lo que se ha hecho en 50 años pegado”, externó Amador en su momento.
¿Por qué el atraso?
De acuerdo con el contrato, el plazo de ejecución de este proyecto es de un año, fraccionado en dos: 90 días para el diseño y 270 días para la fase de construcción.
“La obra tal vez no inició con la posibilidad de darle continuidad a las dos fases porque están pendientes, como aquí se ha dicho, varios temas. Por ejemplo, el tema de las expropiaciones”, aseveró Rodríguez.
Según explicó Alexander Moya, gerente del Proyecto, el hecho que las expropiaciones requeridas no estén completadas es la razón principal del atraso en el proceso constructivo de los 10 kilómetros.
Moya explicó que, tras una diferencia con el MOPT, se logró concretar como fecha de inicio para el diseño el 17 de enero del año en curso por lo que tenían que entregar el producto al Ministerio el 17 de abril.
Reconoció que, no había una empresa que supervisara lo que se hacía, por lo que ingenieros del MOPT asumieron el proceso y luego, en marzo desparecieron.
“El 6 de mayo recibimos una orden de suspensión, hasta por 72 días y la justificación era que no había supervisión. Nunca tuvimos supervisión y nos mandan una orden de suspensión por 72 días.
“Sin embargo, pasaron los 72 días. Luego vino una enmienda uno y una enmienda dos donde se nos amplía el plazo de suspensión”, precisó Moya.
Detalló que para el 22 de agosto la empresa supervisora asume y el 11 de setiembre anterior se le remitieron al Grupo Santa Fe las observaciones al diseño. Estas, según Moya, son de forma y no de fondo, y se está en proceso de la subsanación. Por esta situación, las obras no han comenzado.
Reubicaciones frenadas
Moya adujo que le corresponde al Grupo Santa Fe hacer las reubicaciones de los servicios en la zona.
Se identificaron que se tendrá que reubicar servicios de electrificación de COOPELESCA y en el caso de telecomunicaciones, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que se “guindará” de la postería de COOPELESCA, para optimizar la infraestructura.
Pero para hacer estos trabajos de reubicación, serán necesarios terrenos, pero de momento el tema no está claro.
“No tenemos expropiaciones. Tenía un círculo vicioso, llamémoslo así. A nosotros, en el contrato nos toca hacer la reubicación de servicios.
“No podemos hacer la reubicación porque nos hace faltan las expropiaciones que están en trámite. Por eso estamos un poco amarrados. El contrato nos dice que debemos hacer un programa de trabajo con base en eso para ir marcando las pautas de la afectación que tenemos. Lo hemos hecho y a hoy la actualización que tenemos, es a abril 17, si mal no me acuerdo, de expropiaciones".
A esto añadió que “estamos un poco varados por eso. Hemos hablado con todos los vecinos, con la gente de la Asada de Ronrón y de Sucre y ya los tenemos listos. Pero lo más importante que es COOPELESCA e ICE eso está pendiente”.
