El Poder Ejecutivo tiene una clara intención de apagar las frecuencias de radio y televisión de las que dependen varios medios de comunicación, en criterio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
La entidad emitió este jueves un comunicado de prensa en que señala que el Ejecutivo no tiene claro lo que quiere hacer en torno a las concesiones de frecuencias de radio y televisión, y por ello no ha tomado ninguna decisión de cara al vencimiento de los contratos actuales.
De acuerdo con la SUTEL, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) solicitó informes para el eventual otorgamiento de una prórroga a la concesión vigente y peticiones de información para una eventual subasta de frecuencias.
“Estos procesos, desde la perspectiva técnica y jurídica de la SUTEL, son independientes entre sí. Lo que falta es claridad sobre cuál de las dos opciones es la que el Gobierno desea seguir, para enfocar los esfuerzos hacia esa dirección.
“Esta falta de claridad se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) del periodo 2022-2027, que no establece ninguna guía, metas o similar y que ni siquiera considera aspectos relativos a las prórrogas de radiodifusión o un eventual proceso concursal de frecuencias para radio o televisión. A poco más de dos meses del vencimiento de la concesión de las frecuencias de radio y televisión, el próximo 28 de junio, aún el MICITT no tiene claro si va por una ampliación o por un nuevo concurso de frecuencias, cuando esto debió preverse desde que se formuló el PNDT en el 2022”, afirmó SUTEL, en un comunicado de prensa.
Añadió que eso evidencia que no es que no se haya contestado la solicitud del Ministerio, o que la respuesta haya sido incompleta.
“En el informe está claro que existe una importante demanda por frecuencias de radio y televisión y que la forma correcta de abordar el tema, desde la perspectiva técnica, es realizar una modificación al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), para hacer una redistribución de las frecuencias que permita ampliar la oferta de emisoras y televisoras.
“Pero parece que esta recomendación técnica no resulta factible para los intereses del Poder Ejecutivo, quienes insisten en un eventual apagón de las emisoras”, remarcó la SUTEL, que agregó que no será responsable, en caso de que se diera, del apagón de las frecuencias de radio y televisión.
Según la SUTEL, una última ampliación solicitada al informe remitido el 29 de noviembre del 2023, ingresó el 16 de febrero anterior, cuando el Consejo Directivo estaba desintegrado. Por esta razón no se ha podido dar respuesta.
Ciertamente, la junta directiva de la entidad quedó con solo un miembro, debido a que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) no tenía su propia junta directiva completa, por lo que no podía designar a los de la SUTEL.
Le toca al Gobierno
Chaves atribuyó a la SUTEL poca colaboración para completar el proceso de toma de decisiones en torno al futuro de las concesiones de radio y televisión. Y dejó ver que su interés es sacar las frecuencias a licitación.
Del mismo modo, criticó que actualmente las concesiones pagan cánones muy bajos y se preguntó si es razonable que una empresa como Canal 7 le gire al Estado solamente 120 mil colones anuales.
SUTEL le recordó al mandatario, Rodrigo Chaves que la Superintendencia no tiene nada que ver con el proceso de definición de los montos que pagan las radioemisoras y televisoras por el uso de esas frecuencias.
La SUTEL es enfática en que el impuesto de radiodifusión que pagan los medios está definido en el artículo 18, de la Ley de Radio N° 1758 de 1954, y que, por lo tanto, le corresponde al Gobierno de la República presentar ante la Asamblea Legislativa una reforma a esa norma, para ajustar estos impuestos a valor presente.
“En ese sentido, es preciso brindar información correcta a la población. No aceptamos de ninguna manera que se nos quiera asociar con el monto que paga una televisora en específico, tal y como lo señala cada vez que puede el presidente en las conferencias de prensa.
“Estamos de acuerdo con que los montos están desactualizados, pero la reforma a la ley debe salir del despacho de Casa Presidencial hacia la Asamblea Legislativa, así lo ha señalado la Contraloría General de la República en uno de sus informes del año 2012 (DFOE-IFR-IF-6-2012 del 30 de julio, 2012). Esto solo evidencia que el atraso siempre ha estado del lado del Poder Ejecutivo en los últimos gobiernos”, recalcó la ARESEP.
Además, defendió que el “Estudio de Necesidad y Factibilidad para un Eventual Proceso Concursal de las Frecuencias de Radio y Televisión Abierta y Gratuita”, efectuado cumplió con todos los requerimientos solicitados por el MICITT.
