La representante del sector laboral en la Junta Directiva, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez denunció la existencia de “terrorismo del Estado” y “persecución política” en su contra, después que el Consejo de Gobierno, le abriera un segundo proceso con el fin de sacarla de la entidad.
En esta ocasión, los tres representantes del sector estatal denunciaron a Rodríguez por un presunto acoso contra una asesora.
Los representantes del Gobierno en la Junta Directiva de la CCSS son: la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel y los directivos: María Isabel Camareno y Jorge Porras.
Según informó la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la asesora en cuestión fue “llamada a ocupar ese cargo por los directivos que en su momento se nombraron y actuaron de forma unilateral y espuria por el Gobierno de Rodrigo Chaves, cuando fueron separados igualmente de forma espuria, los legítimos representantes laborales”.
Añadió la representación laboral, de la cual Rodríguez es la secretaria general adjunta que “llama la atención, que dicha notificación se realiza, teniendo como testigos principales a los tres representantes del Gobierno en esa junta directiva, lo cual a todas luces representa una total anomalía y deja en evidencia las intenciones por seguir hostigando y ensañándose contra Martha Rodríguez”.
Rodríguez rechazó los cargos que se le imputan y que motivaron la apertura del proceso administrativo.
“Esta representante del sector de los trabajadores denuncia, nuevamente, persecución política y terrorismo del Estado. Tengo dos años de estar enfrentando un procedimiento. Soy la última representante de la anterior Junta Directiva en la CCSS y en su afán de quitarme, porque el que piensa diferente y el que defiende a la clase trabajadora y los intereses de la Caja y del pueblo, es un enemigo para este gobierno”.
Apuntó que el segundo procedimiento en su contra es con el fin de amedrentarla y atemorizarla para que renuncie a su puesto.
“A mí me nombraron los trabajadores y yo no voy a renunciar solo por el hecho de que a ellos les incomodan mis posiciones a favor del pueblo costarricense y a favor de la Caja”, afirmó Rodríguez, quien manifestó que enfrentará “esta nueva arremetida del Estado”.
Adujo que no teme que la quiten del puesto y aseguró que llevará el caso hasta las instancias judiciales una vez que resuelva el Consejo de Gobierno.
La apertura de la segunda investigación le fue notificada este jueves a Rodríguez quien denunció, nuevamente “persecución política y terrorismo de Estado”.
Aún sin definir
El primer proceso administrativo contra Rodríguez es por la ejecución del aumento de ¢7.500 al salario base de los trabajadores de la CCSS. Esta investigación sigue abierta.
Lo mismo sucedió con otros cinco miembros de la Junta Directiva anterior, quienes terminaron por renunciar uno a uno.
Ese aumento en realidad fue aprobado desde el 2020, pero fue congelado a raíz de la pandemia de Covid-19.
Este nuevo proceso se abrió unas semanas después de que UNDECA presentara una denuncia contra los tres representantes del Estado por ignorar los informes de la Caja que recomendaron declarar infructuoso la adjudicación de las cooperativas de salud para dar los servicios de EBAIS, por considerar que los precios eran muy elevados.
UNDECA denunció un despilfarro y que, producto de ello, en 10 años, el contrato tendrá un costo de ¢471.000 millones.
Cuando se iba a aprobar la adjudicación, Rodríguez llamó la atención del problema y presentó un recurso a lo interno de la Junta Directiva, el cual fue rechazada.
Rodríguez ha tenido fuertes diferencias con la presidenta ejecutiva de la CCSS por varias iniciativas impulsadas por ella, entre estas el planteamiento de que la entidad venda directamente medicamentos a la población a precios más baratos.
Además, Rodríguez fue una de las directoras que presionó para que se tomara una decisión sobre el futuro del nuevo Hospital de Cartago, el cual, tras más de 10 años, fue adjudicado, pese a la oposición de la representación del Gobierno.
Además, en dos ocasiones UNDECA denunció a Esquivel ante el Consejo de Gobierno para que se le investigara, pero ambas gestiones no prosperaron.
