Por considerar que la contratación de cooperativas de salud constituye un “despilfarro”, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA), solicitó al Consejo de Gobierno abrir un procedimiento administrativo contra la Presidenta Ejecutiva y dos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los acusa de ignorar los informes técnicos que alertaban sobre el sobreprecio de las ofertas.
La representación de UNDECA se apersonó a Casa Presidencial, donde entregó la denuncia y pidió que se haga una indagación ante la afectación a los recursos públicos.
La organización exigió la apertura de una investigación contra Marta Esquivel, presidenta ejecutiva y los directores Jorge Porras y María Isabel Camareno. Los tres son representantes del Gobierno en la junta directiva de la CCSS.
Luis Chavarría, secretario general de UNDECA, sostuvo que se exige “una investigación seria y responsable” pues aseguró que el “despilfarro”, en la entidad nunca se había dado en esas dimensiones.
La Junta directiva aprobó la contratación de cuatro cooperativas de salud que dan administran Equipos Básicos de Asistencia Integral en Salud (EBAIS) en 10 áreas y cubren una población de más de 580.000 personas.
Las 10 áreas de salud fueron repartidas de la siguiente forma:
- 3 a COOPESANA.
- 2 a COOPESALUD.
- 2 a COOPESIBA.
- 2 a ASEMECO
- 1 a COOPESAIN
En cada uno de los casos, la decisión supuso una extensión del contrato previo, sin que se conozcan las valoraciones que se hicieron para llegar a esa conclusión. Por ejemplo, si se analizó la calidad del servicio, o si se evaluó el nivel de satisfacción de los asegurados..
“Para hacer este contrato se llegó a utilizar la misma modalidad de desechar estudios que había realizado la CCSS para hacer otros paralelos que demandó la Presidenta Ejecutiva de la CCSS”, afirmó Chavarría.
Aumentos escandalosos
Según aseveró Chavarría, el contrato significa “aumentos escandalosos”, pues por mes, por el concepto de servicios a la población, significaría una erogación cercana a los ¢4.000 millones,
“Estos más de ¢4.000 millones significan, en 10 años, más de ¢472.000 millones, que es la suma que van a ganar estas cuatro clínicas privadas”, afirmó Chavarría, quien agregó que el monto que cobra cada una supera el 100% de los costos en los que incurre la Caja en hacer estos servicios.
Cuestionó que sea la CCSS y no las cooperativas de salud la que tenga que pagar el salario de los empleados de las empresas contratadas, dotar los materiales y suministros, pasajes de los trabajadores y otros.
Por su parte, Lupita Chaves, asesora legal de UNDECA, recordó que el Gobierno sólo por una comunicación verbal de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, ordenó la apertura de procedimientos administrativos contra cinco directivos institucionales que aprobaron el pago del aumento salarial por costo de vida del 2020, de ¢7.200 a la base.
“El convenio que fue adjudicado es con precios irregulares. Tan irregulares que superan en más del 65% del costo de los servicios brindados por terceros en el año 2023.
UNDECA es del criterio que la investigación es procedente, debido a los altos costos de la contratación, suma que es mucho mayor al monto total del incremento salarial pagado a los trabajadores y que motivó procesos administrativos y la renuncia de algunos directores investigados.
Acotó que Martha Rodríguez, representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, presentó un recurso de revisión “al ilegítimo acto de adjudicación, el cual fue rechazado”.
Chaves añadió que Rodríguez, basada en el artículo 142, del Reglamento a Ley de Contratación Pública, solicitó revocar el acto de adjudicación, pero tampoco se aprobó la gestión.
