La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pidió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) valorar las acciones ejecutadas por funcionarios de la entidad en el proceso de adjudicación de la compra de servicios del primer nivel de atención en salud de 10 áreas de Salud.
Los supuestos precios excesivos ofrecidos por los proveedores, motivaron la gestión judicial.
La auditoría remitió el oficio AI-1099-2024, por la contratación de cooperativas de salud que seguirán suministrando el servicio de Equipos Básicos de Asistencia Integral en Salud (EBAIS) en Escazú, Santa Ana, San Francisco, La Carpio, San Sebastián-Paso Ancho, Desamparados 2, Tibás, San Pablo y Barva, los cuales abarcan a una población de 580.000 habitantes.
Llamó la atención de la Auditoría Interna lo indicado por la Dra. Karla Solano Durán, directora de Red de Servicios de Salud en el oficio DRSS-AGAST-0311-2024, en el que se determinó que miembros de la Junta Directiva solicitaron hacer cambios al cartel.
“(…) en atención a solicitudes planteadas por miembros de la Junta Directiva de manera informal, se procedió a efectuar cambios al pliego de condiciones correspondientes a la compra 2023LY-000002-0001101142, lo anterior, con la finalidad de dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años; así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en caso de ser adjudicado con más de una partida”, dice el oficio entregado a la Fiscalía.
Declaración infructuosa
Se corroboró, además, que la Junta de Adquisiciones, en sesión extraordinaria efectuada el 8 de mayo anterior, recomendó declarar infructuosa la compra, pues tras los análisis técnicos, se constató que los precios son excesivos.
El 11 de mayo del año en curso, los directivos Jorge Luis Araya, Isabel Camareno, Johnny Gómez y José Luis Loría, mocionaron y se acordó solicitarle a las gerencias de Logística y Financiera, un estudio de razonabilidad de precios.
Pero en abril anterior, el Área de Contabilidad de Costos, adscrita a la Dirección Financiero Contable, en sendos oficios, informó que las ofertas se consideraban como excesivas.
Por otro lado, en sesión de Junta Directiva de la CCSS, del 22 de junio, la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel solicitó a la directora de Proyección de Servicios de Salud, María de los Ángeles Gutiérrez, un estudio de los conglomerados de las 105 áreas de salud, así como la oferta de servicios.
“Ese mismo 22 de junio del 2024, se emitió el oficio PE-2642-2024, suscrito por la Máster Esquivel Rodríguez. Con el citado oficio se conformó el equipo de trabajo para atender lo peticionado por la Junta Directiva, lo cual derivó en el envío de la nota número GM-DPSS-0326-2024 fechada el 03 de julio del 2024, con la que se traslada el documento denominado " Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros". Sin embargo, no se corrobora que el citado documento se ajuste a la metodología establecida institucionalmente para el desarrollo de esos análisis técnicos”, consideró la Auditoría Interna.
La adjudicación de la compra de servicios por 10 años a las cooperativas de salud se aprobó el sábado 6 de julio anterior, por recomendación de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, cuya suma anual es de ¢50.000 millones al año, para 10 áreas de salud.
"(…) asimismo, una vez realizado el voto por parte de los señores directivos, la Licda. María Isabel Camareno Camareno; emitió criterio aclaratorio respecto a la inexistencia de un eventual conflicto de interés de su parte, en este proceso de compra”, indica el documento.
En la votación estuvieron Marta Esquivel, María Isabel Camareno, Zeirith Rojas, Johnny Gómez, y Jorge Luis Araya.
Sobreprecio y tráfico de influencias
El lunes el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE) interpuso una denuncia penal por supuesto sobreprecio y tráfico de influencias en la adjudicación de los servicios de Ebais a las cooperativas de salud. Cuestionó que hubo un aumento del 60% en los costos, pero la cobertura y los servicios son los mismos.
La organización envió una solicitud al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que abra un proceso administrativo contra Esquivel, y que se tomen las acciones legales correspondientes.
Al mismo tiempo, la agrupación sindical señala que se debe revertir la decisión y repetir el proceso, de acuerdo a la ley.
SINAE denunció que, en 10 años, dado al sobreprecio identificado, la CCSS pagará cerca de ¢200.000 millones de más, es decir, cerca de ¢20.000 millones anuales adicionales.
