La administración del presidente Rodrigo Chaves desmantelaría la educación costarricense, ante los recortes presupuestarios al Ministerio de Educación Pública y otras acciones.
Según el reciente “Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense”, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), el área educativa ha sido un reto para Chaves.
“El gobierno no ha planteado una ruta precisa, clara y directa, tanto en lo sustancioso, de alta vulnerabilidad, reinserción escolar, formación de personal académico y en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo.
“Se mantienen algunos programas, pero no hay un hilo conductor que defina cuál es el camino. Es un periodo en que necesitamos reforzar las capacidades de competencia, la formación humanística y valores éticos para las nuevas generaciones”, se detalla en el Análisis.
En más de de dos años de la presente administración, la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller no ha presentado la "Ruta de la Educación", documento que establecería el norte en materia educativa.
Müller pidió a la Contraloría ocho meses más para tener listo y dar a conocer el documento, por lo que no se divulgaría hasta el 2025.
En una ocasión, diputados consultaron a Müller sobre el documento y contestó que lo tenía en la cabeza y luego indicó que lo daría a conocer en el momento oportuno.
El análisis recopiló una serie de aspectos en los cuales se ha visto involucrado el MEP durante el 2024; entre ellos, la posible reducción en ¢65.000 millones del presupuesto para el 2025 y que quedó en un ajuste de ¢19.000 millones.
Ello implica el incumplimiento del porcentaje constitucional de presupuesto para el sector, que pasó de 5,2 del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2024 a un 4,9 para el 2025.
“Estas medidas son percibidas como parte de un proceso de desmantelamiento progresivo del Estado social de derecho, con consecuencias potencialmente devastadoras para la equidad y la cohesión social”, añade el estudio.
¿Futuro incierto?
Preocupa también el hecho de que el Ministerio de Hacienda le solicitara al MEP una reducción adicional de ¢12.000 millones al presupuesto actual, para poder pagar una suma adeudada al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) “lo que incrementa aún más la preocupación sobre el futuro de la educación pública en Costa Rica”.
Otro punto es la falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) sobre el monto del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) 2025. Ahora deberá ser definido por los diputados, en la discusión del presupuesto nacional.
Mientras el Poder Ejecutivo ofreció un alza del 1%, los rectores de las universidades públicas solicitaron un 4,06%. Entonces, el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta optó por mantener el monto igual al del 2024.
Para los investigadores de la Escuela de Sociología de la UNA, la situación refleja una ruptura con el procedimiento tradicional y subraya la gravedad de las disputas entre las partes involucradas.
“La posibilidad de recortes presupuestarios o ajustes significativos afecta la capacidad de las instituciones para planificar y operar de manera efectiva, así como la calidad de la educación y la capacidad para llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo.
“La Asamblea Legislativa tiene la tarea crucial de definir el presupuesto para el FEES 2025. Los legisladores deberán equilibrar las necesidades de las universidades con las restricciones fiscales del país, pero, sobre todo, garantizar el mandato constitucional. La decisión final del Congreso será determinante para asegurar un financiamiento adecuado y evitar impactos negativos en el sistema educativo”, agrega el documento.
