El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) suspendió el decreto 44263-MOPT, con el que el Poder Ejecutivo traslada vías nacionales que considera "no estratégicas" a las municipalidades para quitarse la responsabilidad de su mantenimiento.
La suspensión es resultado de una medida cautelar provisionalísima, gestionada por el alcalde de Santa Bárbara, Víctor Hidalgo.
“De conformidad con lo expuesto, citas de ley invocadas, se admite la presente solicitud de medida cautelar provisionalísima inaudita altera parte, formulada por la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia contra el Estado. De forma provisional se suspende el Decreto Ejecutivo 44263-MOPT, del 19 de setiembre del año 2023, publicado en el Alcance 2 del diario oficial La Gaceta número 3 del 10 de enero del año 2024, denominado “Reglamento para definir Caminos Públicos, su clasificación y codificación”, hasta que esta autoridad tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud cautelar”, determinó el juez tramitador Johel Beausejour.
Beausejour es el mismo juez al que tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves como la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes cuestionaron apenas el miércoles.
Ambos están molestos porque es un juez itinerante y por ello aseguran que no tiene un nivel de especialización en ninguna área, lo que no lo faculta para resolver temas que tienen que ver con el desarrollo del país.
Beausejour acogió también una solicitud de medida cautelar provisionalísima que suspendió el decreto del reglamento sobre Internet 5G desde principios de febrero anterior y todavía no ha emitido la resolución definitiva sobre el particular.
El gobierno local de Santa Bárbara interpuso la solicitud apenas el 9 de julio anterior y un día después se dictó la medida cautelar.
Pretende que se acoja la demanda contra el decreto, que se declare la nulidad absoluta y la inaplicabilidad del “Reglamento para definir caminos públicos, su clasificación y codificación”.
Además, si la Secretaria de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), haya reclasificado rutas nacionales, pasándolas a rutas cantonales, se proceda a anular la reclasificación y devolver las rutas a la Red Vial Nacional.
Valoraciones del juez
Entre sus consideraciones el juez del Contencioso Administrativo señaló que el “tema en discusión gira en torno a un aparente abuso en la potestad reglamentaria del Estado sobre la recalificación vial nacional”.
Según detalla el juzgador, el decreto ejecutivo carece de un transitorio que determine la recalificación vial, lo que hace necesario acoger la solicitud cautelar provisionalísima peticionada.
“No escapa del examen de este juzgador la extrema urgencia que acredita la parte accionante en esta solicitud, que estima quien redacta sí es palpable y urgente ya que puede generar una afectación al buen funcionamiento de la corporación municipal, a los fondos públicos de esta, al mantenimiento y condición de las rutas actuales.
“Adicionalmente considera este juzgador que en caso de no otorgarse dicha medida se podría estar ocasionando una lesión irremediable a los intereses económicos y sociales de todas las personas administradas, de conformidad con los presupuestos regulados en los artículos 19, 21, 22 y 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo. De forma preliminar, lo procedente es dictar una medida cautelar provisionalísima, hasta que esta autoridad tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud de medida cautelar”, apuntó Beausejour en el escrito.
Lamentable, según ministro
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, lamentó la suspensión del decreto y aseveró que las más afectadas serán las municipalidades.
“Todo el trabajo que hemos venido haciendo previo con las municipalidades no va a poder seguir adelante. Me parece que se disparan en el pie. Me parece mal asesorados e iremos, tal cual lo expuso la Procuraduría. Esto lo único que hace es generar una serie de normativa interna del MOPT. Ellos están poniendo una medida provisionalísima contra una serie de reglamentaciones internas del MOPT donde no se están viendo perjudicados, sino al contrario, se estarían viendo beneficiados", dijo Batalla.
Según él, municipalidades como las de Belén, Escazú, Santa Ana, Alajuela y Heredia querían el control de varias rutas para atenderlas y cumplir el interés público con eficacia y con eficiencia, pero ya no lo podrán hacer.
Este jueves 19 alcaldes de otras municipalidades presentaron acciones de nulidad contra el decreto que traslada vías nacionales a los gobiernos locales, por considerar que la forma en que el MOPT lo hace no es la correcta.
Los ayuntamientos que acudieron al TCA son Bagaces, San Mateo, San Ramón, Naranjo, Jiménez, Garabito, Sarchí, Acosta, Río Cuarto, Mora, Monterverde, Alvarado, Palmares, Upala, Tucurrique y Cóbano. Sus alcaldes coincidieron en que no cuentan con los dineros necesarios para hacerle frente al mantenimiento de más vías.
